La semana pasada la deuda pública federal de Estados Unidos superó los 40.05 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro, apenas cuatro años y medio después de haber cruzado el umbral de los 30 billones. Un dato que marca la velocidad con la que el país ha comprometido su capacidad fiscal futura.

El fenómeno no es partidista. Según cifras del propio Tesoro, durante el primer mandato de Trump la deuda pasó de 19.95 a 27.75 billones de dólares; con Biden escaló de 27.75 a 36.21 billones, el mayor incremento nominal en cuatro años de la comparación; y en lo que va del segundo mandato de Trump ya suma otros 3.84 billones adicionales.

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En conjunto, tres administraciones consecutivas han añadido cerca de 20 billones de dólares en menos de una década, un ritmo que la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) considera insostenible en el largo plazo.

Ante rendimientos del bono a 30 años que alcanzaron cerca de 5.33% —su nivel más alto desde 2007, reflejo de que el mercado exige una prima mayor por financiar la deuda—, el Tesoro anunció que ampliaría fuera de ciclo su programa de recompras con el propósito de retirar bonos largos y aliviar presión en ese tramo de la curva.

El objetivo es bajar o al menos estabilizar esas tasas largas, que determinan el costo de las hipotecas, los créditos corporativos y el propio servicio de la deuda federal.

El mecanismo, sin embargo, tiene un costo: el dinero para las recompras proviene en gran medida de la emisión de bonos del Tesoro de corto plazo, lo que acorta la duración promedio de la deuda y eleva el riesgo de refinanciamiento constante.

Sustituir deuda larga por instrumentos cortos reduce costos temporales, pero no sustituye la consolidación fiscal que el país realmente necesita.

Tampoco es un mal exclusivo de Estados Unidos. Según el Fondo Monetario Internacional, Japón encabeza el sobreendeudamiento entre economías avanzadas con una deuda cercana al 235-240% del PIB, mientras Italia ronda 135% y Francia se acerca a 113% hacia el final de la década.

La OCDE proyecta que 78% de los préstamos que los gobiernos de los países miembros contraerán en 2026 se destinarán a refinanciar la deuda existente.

De acuerdo con la CBO, en el año fiscal 2025 Estados Unidos pagó 970,000 millones de dólares en intereses netos sobre la deuda —equivalentes a 13.8% del gasto federal total—, y proyecta que esa factura superará el billón de dólares en 2026, con una trayectoria hacia 14.9% del gasto para 2028.

Todo esto ocurre, además, en medio de la guerra contra Irán, que ya presiona el presupuesto federal con costos operativos estimados en torno a 37,500 millones de dólares y un proyecto de gasto militar de 1.5 billones de dólares para 2027, el mayor incremento desde la Segunda Guerra Mundial.

En ese contexto tenso, la inteligencia artificial emerge como la variable con potencial de cambiar la ecuación por el lado del crecimiento, no del ajuste: si la inversión masiva en centros de datos y productividad logra detonar un salto sostenido de la economía, el cociente deuda/PIB podría bajar sin necesidad de recortar gasto ni subir impuestos, simplemente porque el denominador crecería más rápido que la deuda. Es, sin embargo, una apuesta, no una estrategia.

Guillermo Garza De La Fuente

Economista y Catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC

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