La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) expresó su solidaridad con las decenas de juezas, jueces, magistradas y magistrados, tanto en activo como en retiro forzado, que hoy enfrentan un entorno de “hostigamiento y persecución administrativa, por parte del Tribunal de Disciplina Judicial, por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
Afirmó que existen al menos 20 procedimientos disciplinarios en trámite fundados en hechos similares, cuyo patrón común es otorgar suspensiones o sentencias de amparo en contra del proceso de la Reforma Judicial.
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Indicó que una muestra de esta dinámica es el caso de la exjueza María Gabriela Ruiz Márquez del Estado de Jalisco, a quien el Tribunal de Disciplina Judicial le ha admitido un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa e iniciado un procedimiento en su contra derivado de la emisión de la sentencia en el juicio de amparo 1338/2024, promovido por personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación.
“El caso de la jueza Ruiz Márquez no resulta aislado. Este patrón de acoso e intimidación institucional se ha presentado también en contra de otras juzgadoras como la jueza Martha Eugenia Magaña López, quien previamente enfrentó señalamientos y denuncias por haber dictado suspensiones contra el proceso legislativo, vinculado con la Reforma Judicial, en el ejercicio legítimo de su función constitucional”.
Aseveró que “sancionar a personas juzgadoras por impartir justicia y haber examinado la regularidad constitucional de un procedimiento legislativo transgrede los estándares internacionales en materia de garantías judiciales y convierte a los órganos disciplinarios en tribunales de revisión ideológica y política”.
Además de las sanciones que se pretenden aplicar a personas juzgadoras, se están realizando denuncias penales que revelan las presiones sistemáticas, a quienes emitieron una resolución contra la Reforma Judicial; o por ejemplo, por inaplicar la prisión preventiva oficiosa, en cumplimiento de una sentencia dictada por un tribunal internacional”.
Intentar amedrentar a las personas juzgadoras a través de herramientas disciplinarias no
subsana los vicios ni la inviabilidad del modelo impuesto, sino que busca instalar un clima de autocensura e intimidación generalizada dentro de la judicatura.
En JUFED reiteramos que la función jurisdiccional exige independencia absoluta y protección efectiva contra cualquier represalia por el sentido de las sentencias. No dejaremos solas ni solos a quienes cumplieron y cumplen con su deber constitucional de proteger los derechos fundamentales de todas y todos los mexicanos. La defensa de cada jueza y juez perseguido es la defensa misma de las libertades y de la justicia en México.