La frase que circula estos días —empresas que anticipan un “apretón fiscal” para 2027 sin que exista, formalmente, una reforma tributaria— describe con precisión el estilo de gobernanza fiscal que ha adoptado la actual administración: recaudar más sin legislar más. La lógica es tan simple como eficaz desde el punto de vista político: subir tasas de ISR o IVA requiere negociación en el Congreso, desgaste público y, sobre todo, un costo electoral que nadie quiere pagar en vísperas de las intermedias de 2027. No que esto sea necesariamente una buena idea. Hay sociedades que se han desarrollado bien promoviendo mecanismos de mercado virtuosos y son esos paradigmas los que debemos considerar.
Intensificar la fiscalización, en cambio, no requiere una sola reforma legislativa de fondo. Es el camino pero fácil: basta con más auditorías, más cruces de información digital, más presión sobre el Buzón Tributario y más severidad en la cancelación de sellos digitales a proveedores sospechosos.
Hay quien ha señalado que una reforma fiscal con nuevos impuestos es poco probable precisamente por tratarse de un año electoral y que el apretón se dará más bien vía mayor fiscalización y supervisión del cumplimiento. Es una lectura razonable, pero incompleta si no se atiende su reverso: se advierte que esa fiscalización reforzada, bienvenida en principio, corre el riesgo de degenerar en lo que ya se empieza a nombrar como “terrorismo fiscal” —una percepción que se ha vuelto realidad para no pocos contribuyentes medianos.
El sector productivo mexicano no anticipa nuevos impuestos para el ejercicio 2027, pero sí un endurecimiento centrado en acelerar el cobro de adeudos pendientes y combatir la evasión y la elusión, todo ello acompañado de reformas al Código Fiscal de la Federación orientadas a cerrar resquicios legales. El diagnóstico oficialista no carece de fundamento: legisladores de Morena han insistido en que la elusión fiscal en México es estructuralmente enorme, con tasas efectivas de ISR corporativo muy por debajo de la tasa nominal. El problema no es el objetivo —nadie defiende seriamente la evasión— sino el instrumento elegido para perseguirlo: cuando el aparato recaudatorio se convierte en el principal motor de la política fiscal, sustituyendo a la reforma legislativa, el riesgo de arbitrariedad administrativa crece en proporción directa a la falta de contrapesos parlamentarios sobre cada decisión operativa del SAT.
Para las regiones que compiten por capturar la ola de la reindustrialización en curso esta distinción no es menor. Un régimen fiscal que se endurece por la vía administrativa, sin la previsibilidad de una reforma discutida y aprobada, introduce exactamente el tipo de incertidumbre regulatoria que los inversionistas extranjeros citan como el principal desincentivo frente a otros destinos de relocalización industrial. La competitividad no se mide solamente en tasas impositivas nominales, sino en la certeza de que las reglas del juego no cambiarán por decreto administrativo entre una auditoría y la siguiente.
Hay, además, una tensión constitucional de fondo que merece más atención de la que ha recibido. La facultad discrecional del SAT para cancelar sellos digitales, congelar cuentas o presumir operaciones simuladas ha sido cuestionada reiteradamente por su potencial de vulnerar el debido proceso y la presunción de inocencia. Que esa facultad se intensifique como sustituto de la reforma fiscal, en lugar de acompañarse de garantías procesales más robustas, es una decisión de diseño institucional, no solo de política tributaria.
La pregunta que las empresas —y el propio Congreso— deberían plantear no es si el gobierno tiene derecho a cobrar lo que legalmente se le debe, sino si un país que aspira a consolidarse como destino de inversión puede permitirse gobernar su régimen fiscal mediante fiscalización discrecional en lugar de legislación transparente. El apretón sin reforma puede ser, en el corto plazo, la ruta de menor resistencia política. En el mediano plazo, podría ser el precio que México pague por no atreverse a discutir, de frente, otras opciones para el desarrollo mexicano.