Entre los populares valencianos circula el comentario de que cuando en enero de 2026 la entonces vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso sobre la mesa, después de más de siete años en el Consejo de Ministros y a las puertas de las elecciones andaluzas, el nuevo modelo de financiación autonómica, el popular Juanma Moreno encargó una encuesta sobre el impacto que este asunto podía tener sobre los comicios regionales. Del modelo de reparto de recursos a las CCAA dependen la sanidad, la educación, los servicios sociales y el grueso de las competencias de cualquier gobierno territorial. Pero la conclusión de ese sondeo, según fuentes conservadoras, fue que se trata de un debate tan árido y técnico que apenas si tenía impacto en el conjunto del electorado.

Montero dejó el Ministerio sin haber llevado ni siquiera su propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobada para encabezar la lista del PSOE a la Junta de Andalucía y cosechó el peor resultado histórico de los socialistas en su antaño feudo. Su sucesor, el valenciano Arcadi España, sí ha empujado para que la nueva ley orgánica pase el filtro del CPFF, pese al rechazo de las autonomías del PP y las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha. El voto de calidad del Ministerio y el de Cataluña y Canarias han sido suficientes como para trasladar el nuevo proyecto de ley al Consejo de Ministros, ante de someterlo a votación en el Congreso de los Diputados.

España, según admiten fuentes socialistas, podría convertir el paso adelante que ha dado como miembro del gabinete en una de las bazas principales de su campaña particular en caso concurrir a las próximas generales como cabeza de lista del PSOE por la provincia de Valencia, por más que la demoscopia considere que será un tema determinante. El sistema que ha propuesto introduce una mejora sustancial en el reparto tanto en términos absolutos como relativos para la Comunidad Valenciana, la más castigada ahora junto con Murcia. Es algo que se admite por los expertos que llevan años trabajando en alternativas para las Cortes Valencianas y que genera una incomodidad reconocida fuera en micrófono en la Generalitat del popular Juanfran Pérez Llorca, que ha acatado de forma disciplinada la directriz de Génova de alejar cualquier tentación de pacto.

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La Conselleria de Hacienda valenciana ha alegado al proyecto exigiendo mejoras. Reclama un fondo transitorio de nivelación hasta que se apruebe la reforma y reprocha el trato preferencial a Cataluña. Desde el Ministerio y las filas del PSPV-PSOE se sostiene que el nuevo modelo solventa la infrafinanciación crónica con más de 3.600 millones adicionales y que los argumentos de los populares valencianos solo buscan tapar el veto ordenado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Hui donem resposta a una reivindicació històrica de la societat valenciana: un model de finançament autonòmic més just.Una reivindicació liderada per @SocialistesVal i compartida pels agents socials, partits polítics, mitjans de comunicació, experts i universitats de la… pic.twitter.com/Z16XekeeEv

— Arcadi España García 🇪🇺🚴‍♂️ (@ArcadiSD) September 4, 2026

El PSOE y Sumar no tienen garantizados los apoyos para sacar adelante la nueva ley, que por su naturaleza orgánica necesita mayoría absoluta del Parlamento. La posición de Junts, que por ahora rechaza el texto, será clave para definir su futuro. El Gobierno sostiene que el sistema aporta muchos más recursos a las cajas autonómicas, pero el cambio de equilibrios en la posición relativa de cada territorio, el plante del PP a cualquier iniciativa gubernamental y la foto previa Pedro Sánchez con Oriol Junqueras anunciando un acuerdo de reforma que beneficia especialmente a Cataluña explican la ausencia de consenso.

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Pese a ello, Arcadi España ya cuenta con una muesca en su culata que no tenía Montero. Ha superado la estación del CPFF, ha introducido mejoras en el sistema para atender peticiones de territorios que han votado en contra y parece dispuesto a someter la nueva Lofca al Congreso aunque salga derrotado. La tesis es que nadie podrá decirle que no intentó reformar un modelo que lleva caducado desde 2014, que no genera grandes controversias en las regiones más favorecidas, pero sí un debate recurrente en la Comunidad Valenciana, donde la deuda escala año tras año como consecuencia de los déficits de financiación. Fitch estima que el endeudamiento de la Generalitat en 2029 superará los 75.000 millones, consolidando el mayor pasivo sobre el PIB regional de España, con el consiguiente coste en intereses.

"Es una factura, la de que quien ha votado en contra explique por qué lo ha hecho, que vamos a pasar. De eso no hay duda", señalan en el entorno del ministro, que asumen el coste de imagen que puede tener la tramitación en el ecosistema nacional, pero creen que otorga argumentos en el territorial valenciano. "Hoy hemos dado respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad valenciana: un modelo de financiación autonómica más justo. Este Gobierno cumple. 3.669 millones adicionales. Ahora es el momento de dejar atrás el ruido y lograr un acuerdo en el Congreso. Votar en contra es ir en contra de los intereses de los valencianos y valencianas", asestaba en su cuenta de X.

España tiene todas las papeletas para encabezar la lista al Congreso por Valencia en el momento en que Pedro Sánchez convoque a las urnas. Es el relevo natural de la ministra de Ciencia, Diana Morant, lideresa del PSPV-PSOE y candidata a la Generalitat. La secretaria federal de Organización, Rebeca Torró, es la única que podría ocupar ese número uno provincial, pero lo lógico es que el primer puesto sea para el ministro y el segundo para quien relevó a Santos Cerdán en Ferraz. En un contexto de fuerte desgaste del Gobierno a nivel nacional, el candidato podría tener en el asunto de la financiación una rendija con la que competir en la particular campaña de su circunscripción.