Begoña Gómez ha remitido este viernes al juez su escrito de defensa. La mujer del presidente del Gobierno pide su absolución al considerar que los hechos por los que se le investigan "no son constitutivos de delito alguno" y que su caso no tendría que ir a juicio. Además, pide que se condene al pago de las costas procesales a la acusación popular por su "temeraria actuación procesal".

En el escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial, la mujer del líder del PSOE niega que aprovechase su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para beneficiarse a nivel personal. Respecto a la creación de la cátedra y su nombramiento como codirectora, la defensa sostiene que "Begoña no influyó ni ejerció presión moral en Joaquín (el Rector) ni en Juan Carlos (el Vicerrector) ni en cualquier otra autoridad o funcionario aprovechándose de su vínculo matrimonial para conseguir la creación de la Cátedra extraordinaria que dirigió".

Gómez insiste en que la Cátedra extraordinaria no ha supuesto beneficio económico alguno para ella. Al respecto destaca que además de contar con un límite retributivo de 15.000 euros brutos anuales, las cuantías fijadas para cada una de las diferentes funciones "eran aprobadas anualmente mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno de la UCM y era la Comisión de Formación Permanente de la UCM" de forma que "todos los profesores cobraban lo mismo por hora de docencia impartida, una vez fijado el presupuesto, respetando siempre el máximo fijado por el Consejo Social".

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"Begoña no ha sido remunerada por la dirección de la Cátedra extraordinaria. Ha desempeñado sus funciones de forma gratuita durante cuatro años", añade la defensa.

La defensa de la mujer del presidente también niega haberse apropiado del software y rechaza que la Universidad Complutense de Madrid sufriera un perjuicio patrimonial. El letrado añade que esta herramienta digital "siempre se previó como una herramienta gratuita, sin ánimo de lucro y con una finalidad puramente didáctica" y que, además, sus actividades para impulsar su desarrollo siempre fueron conocidas por los responsables de la UCM. "Begoña en ningún momento actuó con ánimo de enriquecerse y no se apropió de la plataforma tecnológica (primera tesis de la acusación popular) ni la destinó a usos privados sin ánimo de apropiársela (segunda tesis de la acusación popular)", sentencia.

Gómez vuelve a apoyarse en el carácter gratuito de la cátedra para defender que "la UCM no sufrió perjuicio patrimonial alguno" y que los gastos relacionados con el desarrollo de la plataforma "se financiaron con las aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras", según convenio. En concreto, la defensa subraya que "la UCM incorporó a su haber 17.600 euros (correspondientes al 10% de la financiación privada recaudada); y, tras el cese abrupto de la cátedra, existe un remanente de 29.685,11 euros en poder de la UCM y cuyo destino y/o tratamiento por parte de la universidad se desconoce en la actualidad".

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Lejos de reconocer que su condición de mujer del presidente le beneficiara en su carrera profesional, la defensa de Gómez destaca que, como todas las esposas de los presidentes del Gobierno de nuestra democracia, su representada "realiza de forma gratuita funciones institucionales en el ámbito nacional e internacional en apoyo a la presidencia del Gobierno, lo que implica el cumplimiento de ciertas obligaciones de residencia y seguridad que limitan su actividad profesional y su vida privada".

Esta condición obliga a Begoña Gómez a vivir en el complejo de La Moncloa lo que, además de condicionar que su despacho esté situado en dicho recinto, también "determina la existencia de personal dedicado al servicio directo de la familia del presidente en La Moncloa, pero también algunos empleados públicos deben participar en actividades privadas fuera del recinto, protegiendo y apoyando a la esposa del presidente: esencialmente los servicios de seguridad y de logística".

Trabajo de su asistente

Es aquí donde, a juicio de la defensa de la investigada, entra el papel de su asistente Cristina Álvarez, también imputada en esta causa. Entre sus tareas como empleada de Moncloa están la de "gestión de la agenda", que se refiere tanto a la agenda pública como a la privada, según sostiene la defensa.

"La preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, y el acompañamiento en desplazamientos incluye las reuniones, eventos y desplazamientos tanto de su agenda pública como privada, pues, entre otras cosas, Cristina debe llevar a cabo sus funciones de interlocución y coordinación con los equipos de seguridad cada vez que Begoña sale del Palacio de la Moncloa. La gestión y administración de comunicaciones, así como la asistencia telefónica y documental incluye la correspondencia pública y privada, dado el elevado volumen de correspondencia", añade.

De esta forma, la defensa justifica la presencia de Álvarez en algunas de las reuniones vinculadas a la cátedra, así como la existencia de comunicaciones que la asistente intercambió con patrocinadores. "Cristina no ha desatendido sus funciones como asistente de la esposa del presidente del Gobierno por auxiliarla en diversas cuestiones relacionadas con la Cátedra extraordinaria", señala.

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Por último, la defensa de Gómez ha propuesto una lista con más de una veintena de testigos entre los que destacan el consejero de Telefónica, Rosauro Varo, y Marc Simón Martínez, subdirector de la Fundación La Caixa. También solicita la testifical de varios empleados de la UCM, así como escuchar en el juicio oral al rector y al vicerrector de Complutense.

Tras el aval de la Audiencia Provincial de Madrid a la parte principal de la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado, la esposa de Pedro Sánchez decidió cambiar de abogado. Ante la inminente celebración de un juicio y, además, por jurado popular, Gómez apostó por fichar al abogado Jaime Campaner, penalista experto en delitos económicos y en casos con jurado popular.

Una vez que el juez aceptó su personación en el caso, Campaner pidió un aplazamiento para presentar su escrito de defensa. En las últimas semanas, el letrado tuvo que solicitar al juzgado más de una decena de archivos que aún habían sido notificados a la defensa.