En una ley hay una extensión de los alquileres para los próximos dos años, hasta 2028 y en el segundo decreto se regula la renovación automática de los alquileres, que pedían Sumar y el Sindicato de Inquilinas

Estas son las medidas de los decretos de vivienda del Gobierno: escudo antidesahucios y prórroga de alquileres

El Gobierno ha aprobado dos decretos de vivienda este martes, para evitar desahucios como el de Maricarmen, la anciana de 87 años que se ha convertido en símbolo de la crisis de la vivienda en España, pero también con varias novedades sobre las prórrogas de los alquileres, que condicionan la vida y la economía de alrededor de 10 millones de personas que viven bajo esta modalidad en España.

Entre los cambios aprobados, hay medidas sobre la renovación y la prórroga de los alquileres, así como un tope para los aumentos del precio de los alquileres por parte de los propietarios, entre otras.

El primer decreto es el más amplio, con medidas en varias direcciones, como la prohibición de los desahucios hasta 2030, la prórroga de los alquileres hasta 2028, incentivos fiscales a inquilinos y propietarios, y medidas contra la “compra especulativa”.

El segundo decreto es el que regula “la renovación automática de los contratos de alquiler”, como reclamaban los sindicatos de vivienda, ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

A falta del texto definitivo de los decretos-ley, a continuación resumimos algunas de las medidas más relevantes anunciadas en las ruedas de prensa posterior al Consejo de Ministros en esta materia, tanto de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como la celebrada por la parte de Sumar dentro de la coalición.

Prórroga de los alquileres en los próximos dos años

Se recoge “la prórroga de todos los contratos de alquiler que finalicen hasta el año 2029”, en referencia al 31 de diciembre de 2028, ha afirmado el ministro Bustinduy.

El responsable de Derechos Sociales ha explicado que se ha ampliado la cobertura de esta prórroga para “los contratos en tácita reconducción”. Pablo Bustinduy ha afirmado que la medida estimen que cubra a unos “cinco millones de compatriotas”, entre ellos, “más de un millón de niños y niñas”. 

La medida es muy relevante, porque hay muchos alquileres aún con precios contenidos por las regulaciones a raíz de la pandemia y que ahora no contaban con esos límites, por lo que son susceptibles de sufrir elevados aumentos, que está registrando este mercado.

Se impide subir el alquiler por encima del índice de Vivienda

El ministro Bustinduy ha afirmado que el decreto ley incluye también “la congelación al 0% de la actualización de los contratos de alquiler que estén por encima de los índices de referencia del Ministerio de Vivienda”. Habrá que ver el detalle de la ley, para ver si necesitará el concurso de las comunidades autónomas.

Además, Bustinduy ha afirmado que el decreto regula también un “blindaje del control de los precios de alquiler en zonas tensionadas”, así como el “fortalecimiento del derecho de tanteo y retracto para personas inquilinas”.

“Protección reforzada” ante comisiones y sobrecostes

Bustinduy también ha anunciado que se regula una “protección reforzada” de inquilinos e inquilinas “frente a comisiones y sobrecostes abusivos”, que el Ministerio de Consumo ha estado abordando en esta legislatura.

La revisión automática de los alquileres

Este es la “única” medida que va separada en un propio decreto-ley, ha explicado el ministro Bustinduy, que consiste en “la renovación automática de los contratos de alquiler” a su término, que son cinco años en el caso de personas físicas y siete años en el de personas jurídicas.

“Cuando finalicen se renovarán automáticamente”, ha afirmado Bustinduy, que ha sostenido que el texto ha sido aprobado “en los términos literales” que planteaban los sindicatos de vivienda.

Esto implica la conversión —en la práctica— de los contratos de alquiler en indefinidos, salvo que el propietario de la vivienda la necesite para sí o sus familiares, entre otras excepciones que se recojan en la regulación y que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no ha detallado más.

“Supone una revolución en la cultura del alquiler en nuestro país y de la economía política del mercado de la vivienda como la hemos conocido en las últimas décadas”, ha afirmado el ministro de Derechos Sociales.