Comienza el nuevo curso y, con él, empieza a reactivarse la actividad judicial tras el parón estival. Este mes de septiembre, que estará marcado de nuevo por las causas judiciales que afectan al PSOE y el Gobierno, vuelven también a calentar motores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde los vocales esperan retomar en las próximas semanas las negociaciones para cubrir al menos cinco vacantes en las salas clave del Tribunal Supremo.

La jubilación de los magistrados Andrés Palomo, Ángel Hurtado, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Juan Ramón Berdugo —esta última salida se hará efectiva el próximo 5 de septiembre— deja vacantes varios sillones en las salas encargadas de enjuiciar a los aforados y de revisar las decisiones del Gobierno y las administraciones. Este nuevo escenario sitúa a los vocales del órgano de gobierno de los jueces ante la obligación de iniciar nuevas negociaciones para nombrar a aquellos que pasarán a ocupar el escalafón más alto de la magistratura.

Fuentes consultadas por El Confidencial explican que las negociaciones se antojan complicadas debido a la necesidad de cada bloque de impulsar a sus candidatos, lo que parece que puede desembocar en un nuevo bloqueo en el órgano presidido por Isabel Perelló. El sillón más comprometido es precisamente el ocupado hasta el pasado 13 de julio por el magistrado Pablo Lucas Murillo de la Cueva, al frente de la presidencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Lucas fue designado presidente de esta Sala hace justo un año, después de más de nueve meses de bloqueo. El acuerdo para designar a este último y a Andrés Martínez Arrieta como presidente de la Sala de lo Penal terminó resolviéndose gracias a la retirada de las candidatas de los progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, ante la incapacidad de ambos bloques de resolver la situación. La relevancia de ambas presidencias enquistó entonces las negociaciones, que se prevén de nuevo intensas ante este y otros nombramientos que el Consejo tiene ahora sobre la mesa.

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Los nombres que más suenan para presidir la sala encargada de resolver aquellos asuntos vinculados a las decisiones del Consejo de Ministros y otras administraciones son los de los magistrados Eduardo Calvo, Ángeles Huet y Esperanza Córdoba. Esta última, a la que también podría sumarse a última hora Pilar Teso, es la favorita de los progresistas que aspiran a equilibrar la balanza con la Sala de lo Penal y colocar a uno de los suyos en la Sala Tercera.

Además de decidir qué magistrado del Supremo pasará a ocupar la presidencia de esta sala, los vocales también tienen el encargo de elegir, de entre 14 candidatos, a un nuevo magistrado que pase a ocupar la vacante abierta tras la jubilación de Lucas.

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En la sala presidida por Martínez Arrieta son ya cuatro las vacantes convocadas. Con la salida de Palomo, uno de los magistrados encargados de juzgar el 'procés'; Hurtado, juez instructor del caso del fiscal general, y Berdugo, pionero en la jurisprudencia sobre violencia de género, la Sala de lo Penal pierde a casi una cuarta parte de sus magistrados.

Sus cuatro sillones vacíos tienen gran relevancia al ser la sala encargada de enjuiciar algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Destacan las investigaciones al fiscal general, el 'caso Koldo' o la sentencia del 'procés'. La Sala de lo Penal también ha sido clave en asuntos de tal envergadura como el 'caso ERE' o la revisión de cientos de sentencias por agresión sexual tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.

Entre los más de cuarenta candidatos a ocupar estos sillones destacan los magistrados de la Audiencia Nacional Enrique López (exconsejero de la Comunidad de Madrid), José Ricardo de Prada y Eloy Velasco. También destacan la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, y la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Silvina Bacigalupo, hija del exmagistrado del Supremo Enrique Bacigalupo y cuñada de la exministra Teresa Ribera. El posible nombramiento de Bacigalupo ha generado cierta polémica por su perfil cercano a los socialistas.

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La catedrática aspira a la plaza correspondiente al turno de juristas, vacante desde julio de 2025. Los vocales del CGPJ no han sido capaces de ponerse de acuerdo para cubrir el sillón que ocupaba Miguel Colmenero. Tras meses de bloqueo, los vocales acordaron incorporar esta plaza a las negociaciones sobre las nuevas vacantes que se han abierto este verano, una estrategia para negociar en bloque y no cada vacante por separado.