La Cámara Baja aprueba con los votos a favor del Gobierno y sus socios y la abstención del PP la norma que devolverá el DNI español a quienes lo perdieron en 1977 y sus hijos. El texto pasa al Senado para su aprobación definitiva solo con la oposición de Vox

Los saharauis exiliados en el desierto que conseguirán la nacionalidad española: “Es un derecho que nos pertenece”

La ley que servirá para otorgar la nacionalidad española a los saharauis que la ostentaban hasta 1977 y la perdieron tras la ocupación marroquí del Sáhara Occidental se queda a un solo paso del Boletín Oficial del Estado (BOE). El Congreso aprobó este jueves el texto, que ahora pasará al Senado para recibir el aval definitivo del poder legislativo y entrar en vigor. Lo hizo con los votos a favor del Gobierno y sus socios parlamentarios y, además, con la abstención del PP, que dejó solo a Vox en el rechazo a la norma.

El Ejecutivo —y particularmente Sumar, que ha impulsado la ley— se apunta así un tanto en una de sus semanas más complicadas, aunque el debate parlamentario de este jueves evidenció la enorme fragilidad en la que se encuentra a raíz de la crisis de Ceuta. Prácticamente todos sus socios, al igual que PP y Vox, se mostraron muy críticos con la estrategia adoptada por la Moncloa con Marruecos en los últimos años. Y varios de los aliados parlamentarios del presidente Pedro Sánchez le afearon el brusco giro de su política sobre el Sáhara ejecutado en el año 2022, cuando España modificó por sorpresa su postura histórica sobre el contencioso y consideró que la propuesta marroquí de dar autonomía al territorio dentro de su jurisdicción es la base “más seria, realista y creíble” para resolverlo.

“Seguimos sin conocer a cambio de qué Pedro Sánchez, de manera personal, unilateral y sin informar a las Cortes, cedió el Sáhara a Marruecos”, espetó a este respecto el diputado del PP Pedro Muñoz, que definió el cambio de posición de 2022 como un “bandazo” ejecutado “con nocturnidad y alevosía”. “Durante todos los gobiernos de la democracia hubo un amplio consenso más allá de ciertos matices, respecto a la posición que España debía tener” con respecto al Sáhara: la “neutralidad activa”, defendió Muñoz, que acusó a Sánchez de haberse “alineado definitivamente con Rabat” hace cuatro años a través de un acuerdo “clandestino” y que “nadie conoce”.

Más allá de estas críticas, el diputado del PP justificó la abstención de su grupo parlamentario en la votación de la ley para dar la nacionalidad española a los saharauis por diferencias técnicas. “Nosotros defendemos que puede haber nacionalizaciones, claro que sí, pero no por carta de naturaleza [es decir, por decisión del Consejo de Ministros] sino después de acreditar residencia en España durante dos años, como ocurre con los ciudadanos de Guinea Ecuatorial o los países iberoamericanos”. Esa segunda posibilidad también se recoge en la ley aprobada este jueves, aunque para los nietos de los saharauis que tenían DNI español en 1977: para ellos y para sus hijos, la vía contemplada es la carta de naturaleza, con lo cual se les exime de acreditar residencia en España.

Un Gobierno “pagafantas”

Los socios parlamentarios del Gobierno no mostraron estas reticencias a la arquitectura técnica de la ley, pero sí coincidieron con el PP a la hora de criticar la posición del Ejecutivo en relación al Sáhara adoptada en 2022. Uno de los más gráficos en sus críticas fue el portavoz adjunto de EH Bildu, Jon Iñarritu, que definió la estrategia de la Moncloa como de “pagafantas” de Marruecos. “Con aquel cambio de posición, el Gobierno español parece ser que creyó que iba a lograr mantener acuerdos en relación a varios asuntos, entre ellos la migración”, pero “tras lo ocurrido en 2021 con la entrada masiva de personas en Ceuta, impulsadas y apoyadas por Marruecos, hace apenas un mes ha vuelto a ocurrir lo mismo”, denunció Iñarritu, que se preguntó “para qué ha servido ese cambio de posición”.

En la misma línea se pronunció el diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro, que acusó al PSOE de haber “denigrado la condición progresista” al haber “abandonado la causa del pueblo saharaui” en el año 2022. “Debo decirles con amargura y con tristeza, pero también con dureza, que ustedes han contribuido terriblemente a dejar al pueblo saharaui en un rincón del mundo”, lamentó Álvaro, que se preguntó “por qué todo lo que el presidente Sánchez aplica al dignísimo pueblo palestino y al dignísimo pueblo de Ucrania no se lo aplica al pueblo saharaui”.

Esas críticas fueron la constante en las intervenciones del resto de los socios. El siempre moderado Mikel Legarda, del PNV, denunció el “abandono de responsabilidades para con el pueblo saharaui” por parte de España durante su historia que “ha tenido un último capítulo en este siglo XXI con el giro unilateral, copernicano y por sorpresa” de 2022. Junts, por su parte, abonó la teoría de la conspiración preguntándose “por dónde tiene cogido” Marruecos al Gobierno y si el Ejecutivo “esconde” algo a causa de un supuesto chantaje de los servicios secretos marroquíes. Y Podemos, por boca de su diputada Martina Velarde, dejó claro que “una cosa es reconocer la nacionalidad española” a los saharauis a los que se les retiró en 1977 “y otra muy distinta renunciar a la defensa de la autodeterminación”, que los morados siguen defendiendo.

Los detalles de la ley

Cuando entre en vigor tras su paso por el Senado, la ley que este jueves recibió luz verde del Congreso permitirá nacionalizarse como persona española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, fecha oficial del final del proceso de descolonización de la antigua provincia española. Los interesados deberán aportar algún documento oficial que confirme este extremo, lo que ha llevado al PP y a Vox a criticar la norma por ser un “coladero” de nacionalizaciones, como, en su opinión, ha pasado con la ‘ley de nietos’.

Además, los descendientes directos, en primer grado, de estas personas podrán también reclamar la nacionalidad con posterioridad y en un plazo máximo de cinco años desde que su progenitor la adquirió formalmente. Y, para el resto de los saharauis, se reduce de 10 a dos años el tiempo de residencia en España que deberán acreditar para solicitar la nacionalidad, el mismo requisito que se establece para los nacionales de Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, así como para los sefardíes.

Sumar, como impulsor de la ley, calcula que en torno a 100.000 saharauis podrían beneficiarse de la ley de concesión de la nacionalidad española: unos 50.000 que la poseían hasta que España se retiró del territorio tras la Marcha Verde, y otros tantos descendientes directos de estos. Según las fuentes de la formación consultadas, en torno a la mitad de estas personas continúan en territorio saharaui y el resto residen en los campamentos de refugiados, que se encuentran ubicados en Argelia.

El texto entrará en vigor en plena crisis de Ceuta y en un momento de tensión en la relación con Marruecos, al que todo el arco parlamentario —a excepción del PSOE— culpa en mayor o menor medida de la entrada masiva de migrantes del pasado julio. Las fuentes de Sumar consultadas interpretan, en cualquier caso, que la posibilidad de que una parte de los saharauis puedan solicitar la nacionalidad española es un movimiento que no solo conlleva desventajas geopolíticas para Marruecos, lo que podría amortiguar el esperable descontento del reino alauí por la aprobación de la norma. Los ciudadanos a los que se reconozca como españoles podrán emigrar más fácilmente, lo cual no beneficiará a un Frente Polisario necesitado de cuadros. Eso sí: estos ciudadanos obtendrán, entre otros, el derecho a la asistencia consular española ante cualquier abuso policial o militar por parte de Marruecos.