El Consejo de Ministros ha dado este martes, en su primera reunión tras el paréntesis estival, luz verde a un Real Decreto-ley que establece un registro “público y obligatorio” de lobbies, con el fin de reforzar la transparencia institucional y la rendición de cuentas.

La medida llega después de que el proyecto de ley sobre los grupos de interés, que preveía la creación de este registro estatal, quedara bloqueado en el Congreso por la falta de un consenso suficiente entre las distintas fuerzas parlamentarias.

Al tramitarse como decreto-ley, la nueva regulación entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo máximo de 30 días.

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El texto aprobado por el Gobierno crea un registro estatal, público y de carácter obligatorio para los grupos de interés. Así lo ha detallado la portavoz del Ejecutivo y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Saiz ha subrayado que el registro tendrá obligatoriedad para los sujetos que realicen actividades de influencia y que su gestión y supervisión corresponderán al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

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Asimismo, el decreto-ley, impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, fija el marco de relación en la Administración General del Estado entre los grupos de interés y el personal público potencialmente expuesto a actividades de influencia.

En esa línea, la ministra portavoz ha precisado que la norma define quiénes serán considerados grupos de interés, qué se entiende por actividad de influencia y qué cargos o empleados públicos pueden ser objeto de la misma.