El Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para aprobar una nueva ley de asilo y reformar la Ley de Extranjería tras la crisis migratoria de Ceuta. Los dos anteproyectos introducen nuevos procedimientos para identificar a quienes entren de manera irregular, tramitar las solicitudes de protección internacional en frontera y facilitar el retorno de quienes no tengan derecho a permanecer en España.

La decisión, que busca adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024, llega tras la entrada de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Gobierno defiende que el nuevo modelo permitirá responder a la "nueva realidad del fenómeno migratorio" mediante un sistema "más ágil, eficaz, ordenado y garantista".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en que los cambios se acometerán con un "enfoque garantista" y sin reducir los derechos de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Las reformas afectan tanto al procedimiento para solicitar asilo como al tratamiento inicial de las personas que entren en España sin haber pasado por los controles fronterizos.

Un nuevo procedimiento de asilo en frontera

Uno de los principales cambios se introduce en la nueva ley de asilo. El anteproyecto diferencia entre el procedimiento ordinario para examinar las solicitudes de protección internacional y un procedimiento acelerado que deberá resolverse en un máximo de tres meses.

A ellos se suma un nuevo procedimiento de examen en frontera, previsto por la normativa europea y que será obligatorio en determinados supuestos. En estos casos, la Administración dispondrá de un máximo de 12 semanas para resolver la solicitud y, durante ese periodo, el solicitante deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas.

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Este procedimiento se aplicará antes de que se autorice formalmente la entrada en España y tiene entre sus objetivos facilitar el retorno en caso de que la petición de protección internacional sea rechazada.

La nueva norma también actualizará las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria. Además, incorporará expresamente supuestos de persecución relacionados con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

Triaje para quienes entren sin pasar los controles

La reforma de la Ley de Extranjería incorpora, por su parte, la figura del triaje, un procedimiento inicial para recabar información sobre las personas que hayan entrado en España sin someterse previamente a los controles fronterizos.

El proceso incluirá un reconocimiento médico, un examen de vulnerabilidad, la identificación del migrante, la recogida de datos biométricos y una inspección de seguridad. Una vez completado, las autoridades decidirán a qué procedimiento debe ser derivada cada persona.

El pacto europeo permite que este triaje se prolongue durante un máximo de siete días, pero España mantendrá el actual límite de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante autorización judicial. Según Interior, el objetivo es reducir al mínimo imprescindible el tiempo que los migrantes permanezcan en las instalaciones policiales habilitadas para realizar estos controles.

Marlaska ha asegurado además que la reforma incorpora los mecanismos previstos en el pacto europeo para impedir la entrada de quienes lleguen irregularmente y no tengan derecho a protección internacional. En estos casos, el procedimiento tendrá un plazo máximo de tramitación de 12 semanas.

Torres: "La prioridad siempre es la devolución"

Las reformas coinciden con el nuevo dispositivo desplegado por el Ejecutivo para afrontar la situación en Ceuta. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la ciudad "es hoy el corazón de España" y ha defendido que una "situación extraordinaria" requiere una "respuesta extraordinaria".

Dentro de ese dispositivo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asume el mando único para coordinar la actuación. "La prioridad siempre es la devolución, pero muchos son menores", ha afirmado Torres. El ministro ha advertido de que los retornos exigen cumplir una serie de procedimientos que dificultan una respuesta inmediata, especialmente cuando se trata de menores.

"Para ser devueltos necesitamos una serie de pasos reglados que no son sencillos, sobre todo en el caso de los menores", ha explicado. "Hay que cumplir las leyes nacionales e internacionales", ha añadido, antes de criticar las últimas palabras de Alberto Núñez Feijóo sobre confinar a migrantes.

Marlaska, por su parte, ha vuelto a defender la actuación de Interior ante las críticas por la falta de anticipación a la crisis. El ministro ha insistido en que no existía ningún informe que alertara de una entrada masiva de irregulares a territorio español.

De haber existido información que permitiera "vislumbrar" una llegada de esas dimensiones, ha asegurado, el Gobierno habría adoptado "por sentido común" todas las medidas extraordinarias y excepcionales necesarias para afrontarla.