El devastador incendio de Burgohondo, que destruyó 38.000 hectáreas sólo en Ávila —y 77.000 en total al combinarse con los focos de Madrid y Toledo— llega al fin a los tribunales. La Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Ávila ha incoado diligencias previas para investigarlo y determinar causas, culpables y responsabilidades. Por ahora hay 50 denunciantes, y varias administraciones que han anunciado que se personarán, con reclamaciones que suman decenas de millones de euros.

A finales de julio, la Guardia Civil detuvo al posible causante del fuego, el hombre que manejaba la maquinaria pesada que presuntamente provocó la chispa que lo desató todo, e identificó al propietario como investigado. No obstante, la actuación judicial conocida esta semana no ha llegado aún a la fase de las acusaciones. La decisión de investigar es consecuencia del atestado inicial elaborado por el SEPRONA de Ávila, sobre la base de posibles delitos de incendio forestal y contra el medio ambiente. No obstante, que el incendio afectara a zonas próximas a núcleos de población habitados es un agravante.

Ese atestado determinó el 25 de julio pasado que la causa del incendio, iniciado el día anterior, fue una chispa provocada por el empleo de maquinaria pesada durante una ola de calor extremo y en una zona con alto riesgo de incendio, pese a la prohibición expresa que había decretado la administración autonómica, precisamente para evitar que ocurriera lo que ocurrió. Esta forma de actuar fue considerada “imprudencia grave” por la Guardia Civil en la nota oficial en la que informó de los hechos.

Al incumplimiento de la prohibición de la Junta hay que añadir la ausencia de autorización administrativa, pero, además, el incumplimiento de la orden FYM/510/2013, que regula los medios de extinción que debe llevar la maquinaria cuyo funcionamiento pueda causar chispas, como es este caso. De haber contado con esos medios de extinción, quizás hubiera podido abortarse el fuego en su fase inicial. Un conjunto de actuaciones negligentes con resultados catastróficos.

El juzgado abulense ya ha registrado alrededor de medio centenar de denuncias presentadas por personas damnificadas que sufrieron pérdidas en sus viviendas, vehículos, explotaciones ganaderas o agrícolas y que han registrado reclamaciones económicas que, unidas a las de las administraciones afectadas (especialmente la Junta de Castilla y León) superarán con toda seguridad las decenas de millones de euros.

Precisamente por la presencia de tantos afectados presentes en la causa, la instrucción se presume que será compleja. La Junta de Castilla y León ya ha anunciado que se personará, y es previsible que se sumen al procedimiento varios ayuntamientos de la veintena de municipios abulenses damnificados en el Valle del Alberche, Tierra de Pinares y el Alto Tiétar.

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Durante la fase de instrucción, el Tribunal llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer el origen del incendio, determinar las circunstancias en las que se produjo y depurar, en su caso, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos investigados.

No obstante, existe un punto de partida sólido, que es el informe del SERPRONA, elaborado en colaboración con la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Junta de Castilla y León. La inspección ocular en la zona que se sospechaba como foco inicial del fuego reveló indicios claros de actividad de maquinaria pesada. Posteriormente, fue posible determinar que se trataba de trabajos de excavación de rocas con el fin de abrir un camino en la sierra para facilitar el movimiento de ganado.

Este incendio forestal, calificado de ‘histórico’ por su altísimo impacto destructor, se originó en el municipio de Burgohondo (Ávila) y ha dejado 37.800 hectáreas afectadas en la provincia de según las mediciones periciales provisionales basadas en imágenes del satélite Sentinel. Inicialmente, se estimaron 50.000 hectáreas sólo en territorio abulense, pero aún con el ajuste de cifras a 37.800, este incendio sigue siendo el más destructor de la historia de España desde que existen registros oficiales.

En el marco del procedimiento penal abierto por el Tribunal de Instancia de Ávila, la responsabilidad civil derivada del delito obligaría a los presuntos culpables a reparar los daños y perjuicios materiales y morales causados en su totalidad. De acuerdo con el Código Penal español, esto incluye daños patrimoniales directos, así como los costes de reconstrucción (por ejemplo, en el caso de naves o viviendas). Entre los daños no cuentan sólo los edificios, sino también ganado, plantaciones de viñedo o agrícolas, vehículos, maquinaria… Pero también deberán indemnizar los costes del servicio de extinción de incendios, así como todos los demás perjuicios causados.

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A esto se incluyen los de lucro cesante: el beneficio que los negocios personales no pudieron obtener a causa de la alteración de la normalidad que provocó esta inesperada tragedia. Todo ello puede superar fácilmente las decenas de millones de euros en reclamaciones económicas, si bien el problema será, incluso en el caso de establecer un culpable, hallar un responsable económico subsidiario que pueda hacerse cargo de estas demandas.

En el terreno de las responsabilidades penales, según la Fiscalía de Medio Ambiente de Castilla y León, al tratarse de una imprudencia grave con afectación a núcleos de población y espacios protegidos, los acusados podrían enfrentarse a penas de entre 5 y 10 años de cárcel, aunque la estimación final puede variar mucho en función de las circunstancias que se consideren.

El incendio de Burgohondo destruyó 37.800 hectáreas, pero lo relevante es que la mayor parte de ellas, unas 33.900, fueron de suelo forestal, de las cuales 27.600 eran superficie arbolada (incluyendo zonas de enorme valor ecológico como el Parque Natural del Valle de Iruelas). Al unirse operativamente con los focos de llamas vecinos de Madrid y Toledo, el complejo de incendios calcinó un total de 77.000 hectáreas combinadas, dibujando un perímetro conjunto de 280 kilómetros.