El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha rechazado la nulidad de las resoluciones judiciales que planteó sobre el caso el expresidente del Gobierno e imputado José Luis Rodríguez Zapatero. En un auto firmado este viernes al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez Calama concluye que “se desestima el incidente de nulidad de actuaciones formulado” y advierte de que contra esta decisión no cabe recurso.

El expresidente presentó una petición de nulidades en junio y el juez en julio tuvo que rectificar en parte un auto anterior y admitir a trámite la mayoría del incidente de nulidad. Zapatero planteó la exclusión de algunas de las resoluciones dictadas en el marco del procedimiento.

El letrado del expresidente presentó el pasado 25 de junio un incidente de nulidad por presunta vulneración de derechos fundamentales. En él, el expresidente solicitaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas la entrada y registro en su despacho el pasado 19 de mayo y la pieza separada para investigar el origen de las joyas intervenidas en el mismo, cuya primera pericial arrojó un valor preliminar de 1,3 millones de euros.

Tras la rectificación parcial, el juez admitió estudiar solo ocho reclamaciones del abogado de Zapatero. Entre las resoluciones que confirma ahora el juez, está la apertura del caso en el Juzgado de Madrid que lo investigaba hasta hace unos meses, los registros en la sede de Plus Ultra y las detenciones del amigo del expresidente Julio Martínez, la posterior inhibición en favor de la Audiencia Nacional.

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El juez toma esta decisión tras pedir la opinión de la Fiscalía, que también apoyó rechazar el incidente de nulidad del expresidente. La pretensión de Zapatero se construía sobre la idea de que todo el procedimiento “ha quedado viciado desde su origen por una serie de decisiones competenciales y procesales que habrían desbordado los límites legales y constitucionales”. Pero el juez no lo considera.

Zapatero alegó, entre otras cosas, que se había vulnerado su derecho a un juez predeterminado por la ley. El auto del juez contesta que "la actuación procesal seguida se ajustó a la lógica jurídica y no afectó al derecho fundamental invocado".

Otra cuestión que alegó el expresidente fue la vulneración del derecho a la intimidad, a la protección de datos personales y al secreto de las comunicaciones. Se basaba en la intervención del móvil de un abogado llamado Miguel Palomero. De su terminal se extrajeron chats y conversaciones que han sido de mucha utilidad para el caso Plus Ultra, pero esa operación se hizo en el marco de otra investigación en colaboración con las autoridades francesas y suizas.

Los abogados del expresidente trataron de tumbar esas pruebas, pero el juez defiende la posibilidad que asiste a la Policía de analizar la información al haber contado con la autorización judicial que en su día permitió la operación.