El presidente del Tribunal Constitucional defiende amnistiar el delito de malversación de los siete líderes independentistas a los que aún no se les había aplicado. Así lo quiso el Congreso de los Diputados al discutir y aprobar la Ley de Amnistía, y así debería haberlo interpretado el Supremo al revisar la ejecución de la condena a 12 años de inhabilitación absoluta a los líderes del independentismo por ese delito, según recoge la ponencia que Cánidido Conde-Pumpido someterá a la deliberación del Pleno el próximo 6 de octubre. Esa conclusión, defiende el magistrado presidente del tribunal de garantías, es “la única conciliable no sólo con las reglas de la lógica y del sentido común, sino también con una interpretación de la ley de amnistía que atienda a su espíritu y finalidad, así como a su propia génesis”. El Supremo, sostiene la propuesta de sentencia de Conde-Pumpido, fue “absolutamente indiferente” a la finalidad de la amnistía.
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