El Tribunal Supremo (TS) ha aceptado a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado este jueves por el PP para forzar la comparecencia en el Senado de varios ministros del Gobierno antes de septiembre, tras las recientes ausencias de miembros del Ejecutivo en la Cámara Alta.

El recurso se activó después de que los titulares de Asuntos Exteriores, Interior y Defensa —José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles— no acudieran la semana pasada a las comisiones correspondientes del Senado, donde estaban citados para explicar la gestión de la crisis migratoria provocada por la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos entre los días 30 y 31 de julio.

Según una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal admite la presentación del recurso y acuerda remitirlo a la Sala de Vacaciones, que será la encargada de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por el Grupo Popular.

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El PP en el Senado pidió al Supremo que ordene al Ejecutivo “cesar en su conducta de impedir o eludir las comparecencias reclamadas por el Senado”, y que los ministros acudan a las sesiones aún “pendientes”.

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La formación también reclamó que, en un plazo máximo de 24 horas, se adopten las decisiones necesarias para hacer posibles las comparecencias del resto de ministros antes de que finalice agosto y que se comunique de inmediato a la Cámara Alta la disponibilidad de los miembros del Gobierno.

Con esta actuación, el PP pretende que el Ejecutivo se abstenga de condicionar las citaciones del Senado a eventuales comparecencias impulsadas por el propio Gobierno en el Congreso.

En su escrito, los populares sostienen que el Ejecutivo no puede escoger de manera unilateral ante qué Cámara de las Cortes rinde cuentas, y advierten de que una comparecencia voluntaria ante el Congreso no “sustituye ni anula” una citación debidamente tramitada por el Senado.

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Defienden, además, que la Cámara Alta tiene plena autonomía para ejercer sus funciones de control y que el Congreso no debe “monopolizar” la presencia de los miembros del Gobierno.

El PP concluye que la negativa del Ejecutivo a acudir al Senado vulnera los derechos fundamentales de los senadores e impide el adecuado ejercicio de la función de fiscalización.