La Sala Segunda del Tribunal Supremo resolverá la semana que viene mediante un auto la aplicación de la sentencia del Constitucional (6 de octubre de 2026) por la que se anula su decisión anterior (autos de 1 de julio y 30 de septiembre de 2024) de no aplicar la ley de amnistía (Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio; BOE de 11 de junio de 2024) a los líderes independentistas condenados por malversación, previamente indultados de sus penas de prisión (Reales Decretos de 22 de junio de 2021) y cuyo delito de sedición fue suprimido del Código Penal (Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre). El propósito del TS sería, según fuentes conocedoras consultadas por ElConfidencial, que se declarase el archivo de la ejecutoria antes de que se cierre el plazo para presentar las candidaturas (artículo 45 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General) a las elecciones del próximo 29 de noviembre (Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre), que corre entre el 21 y el 26 de octubre.

Los magistrados que han de resolver quieren actuar con celeridad para que los amnistiados puedan, si así lo desean sus partidos, presentarse a los comicios generales, lo que no sería posible si el auto se demorase más allá de esas fechas. La intención del Tribunal sería que no pueda interpretarse que se deja pendiente y aplazada la ejecución de la sentencia del TC en un período político 'tan delicado' como el actual. Se baraja que el próximo miércoles, día 21, el auto se notifique a los afectados y a las partes en la causa.

La resolución del Supremo iba a ser inicialmente muy breve, acatando el mandato de la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículos 5 y 7) (Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio) y ateniéndose a lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución, preceptos que reservan al TC la jurisdicción de las garantías constitucionales. Sin embargo, las alegaciones presentadas por las partes (Fiscalía, Abogacía del Estado y acusaciones populares) y la sentencia del Constitucional, basada en la ponencia de su presidente, Cándido Conde-Pumpido, requieren una respuesta que hará más extensa la resolución.

El Supremo aplicará de inmediato la amnistía, precipitará el regreso de Puigdemont y la rehabilitación de todos los condenados por el 'procés'

José Antonio ZarzalejosLa Sala Segunda no acudirá a la justicia europea, lo que hace inmediato el regreso a España del expresidente de la Generalitat; tanto Turull como Junqueras podrán acceder a cargos públicos y se cancelarán todos los antecedentes penales

Los magistrados de la Sala Segunda que dictaron la sentencia de octubre de 2019 (STS 459/2019, de 14 de octubre), la mayoría de los cuales siguen en ella, considerarían que algunas expresiones de la resolución del amparo a Dolors Bassa, redactadas por Conde-Pumpido, son 'excesivas', innecesarias y atentatorias contra la integridad de los juzgadores. De ahí que, según las fuentes consultadas, el auto del Supremo no se basaría solo ni principalmente en el voto particular de los magistrados 'conservadores' del Constitucional, sino, sobre todo, en rebatir juicios de valor e intenciones de Conde-Pumpido.

Se espera también que, la semana que viene, el magistrado instructor de la causa contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, Pablo Llarena, dicte auto de conclusión y lo eleve a la Sala Segunda para el sobreseimiento libre. En cualquier caso, los tres pueden regresar a España cuando quieran porque Llarena desactivó las órdenes de detención (auto de 6 de octubre de 2026) nada más conocer el fallo de amparo del Constitucional.

Por su parte, el Tribunal de Cuentas ha cerrado, en primera instancia (sentencia de 14 de octubre de 2026, aún no firme), los expedientes de exigencia de responsabilidad contable de los líderes del proceso soberanista, de tal modo que también en el ámbito contable quedan todos ellos eximidos de cualquier cargo. De inmediato, también el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes cancelará los antecedentes penales de los condenados. Y todos ellos, se presenten o no a las elecciones, quedarán plenamente rehabilitados y podrán desempeñar cargos y empleos públicos; entre otros, el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Y Puigdemont podrá concurrir sin causa pendiente.