Las conclusiones del informe policial sobre Ceuta aseguran que la entrada masiva e irregular registrada los días 30 y 31 de julio de 2026 respondió a un proceso de "guiado activo de la masa" por parte de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y no a un fenómeno espontáneo o incidental. En la parte final del atestado, en poder de El Confidencial, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras sostiene que lo ocurrido solo puede entenderse como parte de una secuencia más amplia, con una fase previa de preparación, una fase central coincidente con los propios acontecimientos y una fase posterior cuyos efectos continúan desplegándose. Todo ello apunta a Marruecos.

El informe -que califica el episodio como "una acción de contra-inteligencia ofensiva de manual"- subraya, además, la existencia de "procesos previos" comparables, especialmente los registrados en Ceuta en 2021 y 2024. La comparación entre aquellos episodios y el de 2026 revela, según sus conclusiones, distintos "elementos concurrentes" que se repiten y permiten identificar patrones comunes. A ello se suma lo que los investigadores denominan un componente de "experiencia previa".

La repetición de determinados mecanismos en episodios anteriores habría permitido perfeccionar dinámicas, ajustar tiempos y aprovechar el conocimiento adquirido sobre la respuesta española. El fenómeno de 2026 aparecería así no solo como una reiteración, sino como una evolución de procesos anteriores. En conjunto, las conclusiones policiales dibujan un episodio estructurado en distintas fases, con antecedentes reconocibles y elementos de continuidad respecto de entradas masivas anteriores. Conceptos como "guiado activo", "proceso", "experiencia previa" y "efectos posteriores" se convierten así en las claves utilizadas por el CENIF para explicar tanto la génesis como el desarrollo y las consecuencias de lo sucedido.

El documento distingue entre un "antes", un "durante" y un "después". Engloba en una primera fase los elementos que precedieron y facilitaron la concentración de personas para centrarse después en las jornadas del 30 y 31 de julio. En ese "después" incluye las consecuencias que permanecen activas y otras que han ido apareciendo con posterioridad. Esa continuidad temporal lleva a los investigadores a descartar que se tratara de un episodio aislado.

El documento oficial que prueba que la Policía avisó del "riesgo extremo" de entradas a Ceuta la víspera de la avalancha

Alejandro RequeijoLa información que manejaba la Policía Nacional se basaba en "fuentes abiertas" por lo que era accesible anticiparse a "llegadas a nado y salto de la valla de forma coordinada" por la sentencia del Tribunal Supremo dictada el pasado 29 de junio

"No se trata de algo incidental cuya generación pueda asociarse a un factor ocasional o espontáneo", subraya para asegurar después que la finalidad migratoria solo fue "aparente". "Opera solo como una cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta". El CENIF lo argumenta "por el hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no busca permanecer en territorio español (solo permanece aproximadamente un 10% de la cantidad total estimada de los que acceden ilegalmente)".

Esta idea también viene reforzada posteriormente por la existencia de una segunda convocatoria, mucho más explícita, el 15 de agosto que, esa sí, "fue absolutamente controlada por la estructura de seguridad marroquí". Contrasta con la evidencia de esa misma policía: "estuvo inoperante en un proceso que duró más de 48 horas, durante los días 30 y 31 de julio", dice.

Reivindicación

El CENIF también señala la difusión de mensajes posteriores que, incluso a nivel oficial, justifican por parte de Marruecos una reivindicación territorial que cuestiona la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla. "A la percepción de que nos encontramos ante un proceso predefinido con objetivos diferentes de los migratorios también contribuyen la facilitación generalizada de las rutas y los traslados para concurrir en un lugar concreto, en unos tramos horarios también muy definidos y una gestión favorecedora que se proyecta en dos planos diferentes que operan casi simultáneamente tanto a la entrada como a la salida del territorio español", agrega.

La conclusión final es que la intención siempre fue la de colapsar el sistema de gestión fronteriza en un punto y de una forma concreta, es decir, desviar capacidades de respuesta a actividades de salvamento y, al mismo tiempo, saturar un área de recepción de inmigrantes irregulares para detraer aún más recursos a actividades de control y gestión de aquellos que estaban destinados a la actividad de vigilancia fronteriza.

Cumplida la función de colapso del sistema de gestión fronteriza que provoca la "apertura de puertas", el objetivo pasa a ser eliminar la capacidad de respuesta por parte de España. En este momento, asistimos a un cambio progresivo del perfil de personas que acceden irregularmente a territorio español que, además del perfil de la primera fase, pasa a incorporar familias (mujeres y niños) al perfil. Ello provoca que cualquier reacción de control del perímetro fronterizo tenga un alcance nulo o muy limitado.

Para la Policía, buena parte de lo sucedido buscaba un impacto tanto institucional como sobre la sociedad civil. El primero se refleja en la saturación de las capacidades de prevención, contención, respuesta y asistenciales de todo tipo del territorio, todo ello con el consiguiente impacto económico y organizativo. El segundo perseguía provocar "limitaciones en el ejercicio de derechos a la agitación de perfil sociopolítico, la desinformación, la confianza en las instituciones, el deterioro de la seguridad pública, el impacto en el sistema sanitario".

"La confluencia de los anteriores también se extiende a un efecto colateral de componente geopolítico con deterioro de la imagen-país y un cuestionamiento internacional inducido por la situación generada. En la misma línea se constata una evidente desestabilización política interna y desajustes en la integración de las respectivas acciones de respuesta de las distintas estructuras del Estado implicadas en ellas.