El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó una partida de mil 94 millones de pesos para pagar en 2027 una compensación extraordinaria a sus más de 15 mil funcionarios por la carga adicional de trabajo que implica la organización de los próximos comicios.
El pago alcanzaría también a los consejeros electorales y se mantendría pese a que, al presentar su reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los integrantes del Consejo General dejarían de recibir bonos y sobresueldos.
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Sin embargo, el decreto finalmente aprobado no estableció una prohibición expresa para este tipo de compensaciones cuando se encuentren previstas en alguna ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
La reforma establece que los organismos electorales “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.
El INE sostiene que el pago extraordinario sí se encuentra normado y, en su proyecto de presupuesto, señala que se realiza en “cumplimiento al artículo 67 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral”.
La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, ha defendido esta prestación bajo el argumento de que representa un ahorro para el Instituto, pues de otra manera tendría que cubrir las horas extraordinarias acumuladas por sus trabajadores desde el inicio formal de los preparativos electorales y hasta que sea declarada la definitividad del proceso de 2027.
La partida contempla una remuneración para los integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional, trabajadores de la Rama Administrativa y prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios que desempeñan funciones de carácter permanente.
La compensación tiene su origen desde la época del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), cuando comenzó a utilizarse como un mecanismo para cubrir las jornadas extraordinarias, días de descanso y festivos trabajados durante los procesos electorales. En lugar del pago individual de horas extra, el personal recibe el equivalente a dos meses de salario.
Para 2027, el beneficio abarcaría a más de 15 mil funcionarios del Instituto y tendría un costo total de mil 94 millones de pesos, casi 98 millones más que en 2024, cuando se destinaron alrededor de 996 millones; el incremento entre ambos procesos electorales es de aproximadamente 9.8%.
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INE respetará tope salarialEn abril pasado, Taddei aseguró que el INE acataría en 2027 las nuevas disposiciones para reducir las remuneraciones de sus altos funcionarios y ajustarlas al límite establecido por el salario de la Presidenta de la República, aunque la compensación electoral se mantendría al estar contemplada en la normativa interna.
Respecto de los seguros de gastos médicos mayores, otro de los beneficios cuestionados por la reforma, el Instituto mantiene bajo análisis su eliminación a partir del próximo año.