La oleada de indignación que ha sacudido a España por el desahucio de Maricarmen Abascal ha abierto una “ventana de oportunidad”, según fuentes del Gobierno, para lograr los apoyos necesarios para el real decreto ley de vivienda que el Ejecutivo pretendía haber aprobado a finales de julio. Junts, que es determinante para el resultado de esa votación en el Congreso, se presta a negociar sobre las propuestas que entregó en mano al presidente, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso del 3 de septiembre. La Moncloa ha pospuesto varias veces la ratificación de ese decreto de nuevo debido a la división de los socios de la investidura, pero la reacción ciudadana, con protestas en una docena de ciudades con decenas de miles de manifestantes por el desalojo de la anciana de 87 años del piso de renta antigua del centro de Madrid en el que ha vivido durante siete décadas, puede facilitar unas negociaciones estancadas. Hasta ahora eso ha sido imposible por los vetos cruzados entre PNV y Junts, por un lado, y Podemos por el otro. “Por primera vez, hay una oportunidad”, afirma un ministro.
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