La España de los motines

La historia de España está llena de motines, de explosiones populares y de situaciones en las que, pese a la contención que muchas veces impone el orden político, de pronto se produce lo que Ortega y Gasset llamaba la rebelión de las masas. Un fenómeno que describió de muchas maneras, pero en el que siempre he considerado que faltaba desarrollar suficientemente un factor fundamental: el gen de la explosión.

La situación es clara. Existe un gas social que se va concentrando en el interior de la sociedad española. Un malestar que durante mucho tiempo parece contenido, tolerable e incluso gobernable, y que podría encontrar una salida mediante modificaciones políticas. Sin embargo, por los tiempos, las circunstancias o la incapacidad de quienes gobiernan, termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso. De pronto se produce un motín, como el de Esquilache, o un levantamiento, como el del 2 de mayo de 1808, uno de los acontecimientos fundamentales de la historia española por la defensa de su soberanía.

Lo interesante es que, meses antes, las tropas francesas habían entrado en España con el consentimiento de la Corona y, en determinados sectores, habían sido bien recibidas. Se establecieron relaciones y formas de convivencia que terminaron convirtiéndose en una guerra de independencia. Así suelen estallar las grandes tragedias históricas. El sentimiento de independencia nacional no apareció de un día para otro, sino que fue creciendo lentamente, alimentando una reserva de odio social que, en un momento determinado, por un hecho aleatorio, una imprudencia, el disparo de un policía o la muerte de un niño, termina estallando y puede convertirse incluso en una guerra.

Desde el éxito de la transición española, uno de los momentos fundamentales en los que España consiguió incorporar a su vida política los principios de convivencia y racionalidad de la Ilustración, el país parecía haber encontrado una manera de superar algunas de sus contradicciones históricas. Conviene no olvidar que durante siglos muchos de los intentos de convertir a España en un país más europeo fracasaron, en parte por las singularidades, casi genéticas, del pueblo español y por su relación histórica con el viejo binomio de mandar y obedecer.

Ahora estamos ante otro escenario, en el que el desencadenante es conocido por todos. La política de vivienda es un completo fracaso, no solamente en España, sino también en numerosos países europeos y americanos.

La vivienda ha dejado de estar al alcance de quienes empiezan. Los precios y la concentración del mercado han alcanzado niveles que la han convertido en una auténtica fábrica de frustración social. Por eso, la muerte de Maricarmen tiene una dimensión que va mucho más allá de su propia tragedia. Después de una larga batalla para evitar su desahucio, de las negociaciones y de conseguir finalmente que la empresa propietaria le permitiera regresar a la vivienda en la que había vivido durante más de 70 años, la victoria llegó demasiado tarde.

Toda la resistencia, toda la defensa de aquella trinchera que durante siete décadas había sido su casa, terminó con ella. Y, como suele ocurrir, el momento del éxito puede ser también el más peligroso. Los médicos que nos cuidan saben que, después de un esfuerzo extremo, puede producirse un colapso, incluso un fallo multiorgánico. La victoria, después de una lucha tan prolongada, puede llegar cuando ya no quedan fuerzas para disfrutarla.

Maricarmen Abascal venció y murió. Y, queriéndolo o sin quererlo, con razón o sin ella, terminó dándole a Pedro Sánchez el principal argumento emocional para intentar conseguir una nueva victoria electoral.

El presidente del gobierno español es una figura emblemática por muchas razones, pero principalmente por lo que considero una ausencia de principios inamovibles y por su extraordinaria capacidad para pegarse al terreno político. Su voluntad de supervivencia parece estar por encima de cualquier otra consideración. Dicho de otra manera, Sánchez hará todo aquello que considere necesario para seguir en el gobierno, sin límites personales ni políticos y, en mi opinión, llevando hasta el extremo los límites institucionales y la estructura del Estado tal como lo conocemos.

Sánchez ha convocado elecciones a caballo de un motín, conociendo perfectamente que los motines son verdaderos elementos de cambio político estructural en España. Ahora mismo, el resultado electoral va a depender de un estado de ánimo que se parece mucho al que produjo el nacimiento de una nueva clase política. Aquella representada por Podemos, cuyos dirigentes pasaron de las aulas universitarias a ocupar algunos de los puestos más importantes del gobierno, como ocurrió con Pablo Iglesias, que terminó siendo vicepresidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el caso de Sánchez, más importante que lo que dice querer o prometer es comprender lo que está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder. Basta recordar que llegó a afirmar que no podría dormir tranquilo si aceptaba las condiciones de Podemos para formar un gobierno de coalición y, poco después, Pablo Iglesias terminó convirtiéndose en vicepresidente del gobierno que él mismo presidía.

En definitiva, existe una coincidencia histórica en la manera en que España vive sus motines. Primero nos emocionamos, después estallamos y solamente al final pensamos en las consecuencias. Algo parecido ocurrió con el cambio de monarquía a República en 1931, cuando unas elecciones municipales terminaron provocando la caída de Alfonso XIII.

Aunque las candidaturas monárquicas obtuvieron más concejales en el conjunto del país, las republicanas triunfaron en buena parte de las principales ciudades, y ese resultado fue suficiente para desencadenar una transformación política de enormes consecuencias.

La proclamación de la república comenzó en Éibar y se extendió rápidamente a otras ciudades, entre ellas Madrid. Las banderas republicanas empezaron a izarse y, antes de que terminara de consolidarse el cómputo electoral, la república ya había ganado la batalla política. El rey abandonó España y el estado de ánimo había sido suficiente para transformar unas elecciones municipales en un cambio de régimen.

Es evidente que debemos tomar nota de las consecuencias políticas de ese estado de ánimo, de esa voluntad de cambiarlo todo a cualquier precio, sin pensar demasiado en el mañana. Por eso no sería extraño que, contra lo que parece, contra lo que tendría sentido y contra el desgaste provocado por los numerosos casos de corrupción, la descomposición del gobierno y la pérdida de ejemplaridad, terminemos encontrándonos el próximo 29 de noviembre con un resultado electoral que permita a Sánchez continuar en el poder.

Un resultado que, más que reflejar un camino hacia adelante, podría representar la culminación de una reacción emocional, de una necesidad de venganza contra todo aquello que se considera responsable de la frustración colectiva. Porque cuando ese sentimiento se convierte en clamor popular, cuando la indignación sustituye a la reflexión y la emoción se impone a la razón, lo que aparece nuevamente es el motín.

En mi opinión, son tres las cosas que están en juego:

La primera es el derecho a la propiedad privada, que comienza a ponerse en cuestión cuando se impide o dificulta un desahucio (desalojo) por incumplimiento del pago de la renta, por determinadas conductas del ocupante, o cuando una persona ocupa ilegalmente una vivienda y recuperarla se convierte en un proceso extraordinariamente complicado. Es uno de los mayores riesgos sobre los que habrá que decidir el próximo 29 de noviembre. Porque una cosa es garantizar el derecho a la vivienda y proteger a las personas vulnerables, y otra muy distinta es debilitar las garantías jurídicas de quienes son propietarios.

La segunda es la necesidad de volver a tener un modelo de Estado. No todo cabe, no todo se puede y no todo tiene que ponerse en venta por liquidación para sostener a un partido político en el poder, a cambio de debilitar la estructura constitucional y legal del país. España necesita recuperar la idea de que las instituciones y las reglas de convivencia están por encima de los intereses particulares de cualquier gobierno.

Y, por último, como estamos hablando de motines y de la dimensión emocional que adquieren estas explosiones sociales, que nadie se sorprenda si, a partir de aquí, con toda la batalla política y electoral que se va a desencadenar, existe el riesgo de que aparezca una víctima colateral de esta pelea: la monarquía. Una institución que, pese al respaldo que conserva entre muchos españoles, puede convertirse en el objetivo más fácil sobre el cual depositar el descontento y hacer creer que su desaparición justificaría la victoria de quienes se presentan como enemigos del orden establecido.

Fenómenos que terminan mezclándose, como la vivienda, la inmigración y las controversias sobre el crecimiento del censo electoral, incluidas las sospechas de un posible engorde artificial que tendrían que demostrarse, dibujan un panorama cada vez más confuso. Pero, sobre todo, demasiado emocional y poco inteligente desde el punto de vista del desarrollo político.

España vuelve a encontrarse ante una de esas encrucijadas en las que la historia parece recordar sus propias contradicciones. El gas social está acumulado, la frustración es evidente y el calendario electoral ya está en marcha. Falta saber si el próximo 29 de noviembre los españoles acudirán a las urnas para decidir qué país quieren construir o, una vez más, para expresar todo aquello que ya no están dispuestos a soportar.

Los motines pueden cambiar gobiernos, derribar instituciones y transformar la historia. Lo que nunca garantizan es que, después de la explosión, el país que sobreviva sea mejor que el que existía antes.