La jueza a cargo de las diligencias contra el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha acordado inhibirse en favor de la magistrada María Tardón. La instructora de la Audiencia Nacional solicitó unificar la causa respecto al origen y las consecuencias derivadas de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma.

En un auto, al que ha tenido acceso El Confidencial, la titular de la Plaza Número 6 de la Sección de Instrucción de Ceuta se alinea con el criterio de la Fiscalía, que argumentó que existe una conexión objetiva y subjetiva entre la causa abierta en la ciudad autónoma y las pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional. En consecuencia, acuerda remitir íntegramente las actuaciones al órgano competente.

Para el Ministerio Público, los hechos por los que se investiga a Pérez Triano no son aislados, sino que forman parte del dispositivo impuesto en el lado español de la frontera, circunstancia que ya está investigando la Audiencia Nacional. Los denunciantes atribuyen al delegado del Gobierno la comisión de presuntos delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión.

Cabe recordar que la magistrada María Tardón ya justificó que su investigación debía "abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español" relacionadas con la entrada masiva del 30 y 31 de julio. Es decir, la investigación de la Audiencia Nacional no sólo se centra en el origen de este desagradable episodio, sino también en la falta de medios y de acción por parte de las autoridades españolas y, en este caso, del delegado del Gobierno.

La jueza Tardón pide que la Audiencia acumule la investigación del delegado del Gobierno de Ceuta

Beatriz PareraLa magistrada ha reclamado al Juzgado 6 de la ciudad autónoma que se inhiba en las diligencias abiertas sobre Pérez Triano tras las denuncias de Manos Limpias, Hazte Oír y Vox

Más allá de las consecuencias políticas de esta actitud inexplicable, lo cierto es que la inacción por parte de las autoridades españolas puede tener consecuencias penales. Ignorar una alerta puede ser delito, como ya se ha encargado de dejar claro la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.

Omisión de las alertas y consencuencias penales

La investigación en torno a Pérez Triano gira en torno a las alertas emitidas en los días anteriores y a si este estuvo al tanto de estos avisos previos lanzados por el Centro Nacional de Inteligencia ante la inminente entrada de miles de inmigrantes en Ceuta. Su jefe de Gabinete dimitió el pasado viernes tras conocerse que el CNI alertó de la entrada masiva prevista para finales del mes de julio.

En un inicio, el delegado del Gobierno defendió que su jefe de Gabinete no le había trasladado la comunicación de la alerta. Sin embargo, pocos días más tarde, el que fuera su mano derecha aseguró que sí se la transmitió a su superior.

Tardón también tiene en el punto de mira la alerta remitida el 29 de julio, un día antes de que se produjera la primera fase de la entrada masiva. El propio CENIF remitió una primera Alerta de Riesgo de Entrada Masiva para su difusión a los Puestos Fronterizos de Ceuta y Melilla a través del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la CGEF (CEFRONT), "en la que se hacía constar la previsión de un riesgo extremo para un escenario de entradas a nado + salto a la valla de forma coordinada".

En este sentido, la Policía ya dejó caer en su primer informe que lo ocurrido en Ceuta "no debe limitarse a las actuaciones que tienen lugar en territorio marroquí", sino que también se debe tener en cuenta que los efectos de esta entrada masiva pueden verse "amplificados o mitigados por la articulación de adecuados elementos de respuesta en territorio español". La Policía recoge estas conclusiones sobre la actuación de las autoridades españolas, incluido el Gobierno, en el apartado "Otros sujetos con posibles responsabilidades", abriendo así la puerta a futuras responsabilidades judiciales.

La instructora de Ceuta también solicita a la Audiencia Nacional que resuelva sobre las diligencias solicitadas por Hazte Oír y sobre la ampliación de la querella presentada hace pocos días por la asociación. En concreto, HO solicitó a la juez que emitiera un oficio a la Delegación para que se hiciera entrega de las órdenes e instrucciones dadas a la Policía Nacional y la Guardia Civil; que Interior, la Policía y la Guardia Civil informen sobre el número de agentes desplegados en la zona desde el 1 de agosto; que se llame a declarar como testigos a varios mandos y portavoces policiales y que ampliar el interrogatorio del delegado del Gobierno.

La Policía apunta ya a la inacción del Gobierno y abre la puerta a futuras responsabilidades judiciales

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