La batalla judicial por la instalación en el puerto de Ceuta de un campamento para realojar a más de 1.700 migrantes irregulares que llegaron a la ciudad autónoma en la entrada masiva del 30 y 31 de julio no se ha cerrado. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) contra la decisión del Ministerio de Transportes de ceder los terrenos de la instalación para acoger a parte de los extranjeros que permanecían en chabolas en las playas de El Trampolín y Benítez desde hace 50 días. El sindicato considera que el procedimiento seguido no garantiza la seguridad para los agentes que lo custodian, los propios migrantes y el resto del personal destinado en el campamento.
Seguir leyendo