Nuestro cerebro suele mostrarnos imágenes de carreteras, puertos, presas, redes eléctricas o sistemas de agua, cuando escuchamos o leemos la palabra infraestructura. Rara vez nos conduce por un sendero en el más denso bosque, o por la trama de raíces y ramas de un manglar, un generoso suelo fértil o una abundante cuenca hidrográfica. Sin embargo, todos ellos realizan funciones esenciales para nuestras economías y comunidades. Y lo hacen sin cobrar una factura.
La naturaleza produce agua, alimentos y materias primas; captura carbono, regula temperaturas, protege costas, retiene agua de lluvia, evita la erosión y sostiene la fertilidad de los suelos. Son servicios indispensables para nuestra vida y para prácticamente cualquier actividad económica. Por eso, cuando un ecosistema se degrada, no estamos perdiendo solamente biodiversidad. Estamos deteriorando infraestructura.
Ayer concluyó en Ulaanbaatar, Mongolia, la COP17 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, precisamente bajo el lema “Restaurar la tierra. Restaurar la esperanza”. El encuentro ha puesto sobre la mesa una realidad que deberíamos mirar con mucha mayor atención: hasta 40% de las tierras del planeta están degradadas, con consecuencias sobre la producción de alimentos, el agua, los medios de vida y la estabilidad económica. La respuesta a esta realidad no puede limitarse a conservar lo que todavía tenemos. Necesitamos restaurar aquello que hemos deteriorado.
Aquí descubrimos una perspectiva particularmente novedosa: restaurar la naturaleza no debe verse solamente como una obligación ambiental, sino como una inversión productiva. Un suelo saludable puede producir más y resistir mejor las sequías. Una cuenca restaurada puede mejorar la disponibilidad y calidad del agua. Un manglar puede reducir el impacto de huracanes y proteger comunidades costeras. Un paisaje bien manejado puede sostener empleos, ganadería, agricultura y turismo. Restaurar ecosistemas significa, en muchos casos, reconstruir la capacidad productiva de un territorio.
Los números empiezan a reflejarlo. En la COP17 se ha estimado que se requieren alrededor de 355 mil millones de dólares anuales para restauración de tierras y resiliencia entre 2025 y 2030, mientras que actualmente se invierten unos 77 mil millones. Pero el beneficio económico potencial de esa inversión se estima en 1.8 billones de dólares anuales. Entonces, ya no es pertinente cuestionar el costo de restaurar la naturaleza, sino el enorme costo de no hacerlo.
Para México y América Latina, esta reflexión es especialmente relevante. Somos una región extraordinariamente rica en biodiversidad y recursos naturales, pero también vulnerable a sequías, huracanes, degradación de suelos, pérdida de bosques y presión creciente sobre el agua. Restaurar nuestros paisajes puede significar más producción de alimentos, empleos rurales, protección contra desastres, seguridad hídrica y nuevas oportunidades económicas. No es una agenda que compita con el desarrollo, más bien puede ser una de sus mejores plataformas.
Gobiernos, empresas, instituciones financieras, productores, comunidades y universidades tienen aquí responsabilidades distintas pero complementarias. Necesitamos políticas que incentiven la restauración, capital que la financie, tecnología que la haga más eficiente y conocimiento que permita medir sus resultados. Un bosque restaurado, un suelo fértil o una cuenca saludable no son solamente patrimonio ambiental. Son activos económicos que seguirán produciendo beneficios mucho después de que hayamos olvidado cuánto costó recuperarlos.
Quizá ha llegado el momento de reconocer una verdad que hemos tardado demasiado en comprender: la naturaleza no es algo que la economía pueda darse el lujo de conservar. Es parte de la infraestructura que hace posible la economía.