Perelló ve de "extraordinaria gravedad" las acusaciones a los magistrados de actuar por razones políticas, una imputación que "puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva"
El Supremo abre un nuevo frente al Gobierno en vísperas de la apertura del año judicial
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado en su discurso de la apertura del año judicial que la “descalificación personal” a jueces por parte de quienes ejercen “responsabilidades institucionales” supone un “instrumento de presión” sobre el ejercicio de la jurisdicción. Perelló también ha considerado de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.
“Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor (...). No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha dicho Perelló.
Las palabras de la presidenta del Poder Judicial ante la cúpula de los tribunales españoles llegan después del último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces a raíz de la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa decisión.
En el último año a propósito de las polémicas e investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno algunos miembros del Ejecutivo, como el Óscar Puente, han denunciado que el Gobierno es una víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”. También diferentes miembros del Gobierno han expresado sus críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que ha sentado en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por dos delitos en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.
Ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Sala de Gobierno del Supremo, Perelló ha evitado hacer autocrítica tras los recientes sondeos que han revelado que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política.
Así, Perelló ha insistido en que a pesar de las “descalificaciones” del Poder Judicial, los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela de los derechos y libertades “y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”.
No obstante, Perelló sí ha pedido a los jueces “mesura” en sus intervenciones públicas. “La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos”.
La rendición de cuentas de los fiscalesLa fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado este jueves durante el acto de apertura del año judicial que si bien la sociedad actual se caracteriza por “una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”, esto no puede confundirse “con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”.
Ésta es la primera ocasión en que ha asistido a este acto como fiscal general dado que fue nombrada tras la dimisión en noviembre de 2025 del ex fiscal general Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.
Sobre esa actuación del Ministerio Público que es objeto de crítica, Peramato ha añadido que en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales “mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos” en los que se interviene. Y ha resaltado que a menudo “se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica” y que se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten “convenga a unos o a otros”.
“Los y las fiscales españoles desempeñan su trabajo en condiciones de enorme exigencia profesional, soportando cargas de trabajo crecientes y atendiendo asuntos de extraordinaria complejidad. Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha defendido.
Al hilo, la fiscal general ha apostillado que la fortaleza del Ministerio Fiscal “no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupan puestos de responsabilidad” sino que se sustenta “en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia”.
Por otro lado, la fiscal general ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dará la batuta de las investigaciones a los fiscales. “El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras”, ha explicado para luego destacar que es necesario reformar el Estatuto de Ministerio Fiscal.
“Es justo reconocer que el proyecto de reforma de nuestro Estatuto constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente”, ha añadido, para luego destacar que es necesario “desvincular el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró”. Y ha destacado que los fiscales siguen precisando “más autonomía”: “Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.
La fiscal general se ha referido también a los casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en este último año, pero sin hacer referencia expresa al caso Koldo que fue juzgado por el Supremo. Peramato ha indicado que este fenómeno “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y, por tanto, constituye “una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”. “La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha indicado.
Peramato se ha referido también a la situación que se vive en Ceuta, donde los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de migrantes. “Trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”, ha explicado.
En este sentido, Peramato ha llamado a “preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad”, algo que, ha añadido, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.
La fiscal general ha concluido su discurso citando a Manuel Azaña, quien fuera presidente de la República y que murió en el exilio: “La libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. Peramato ha recalcado que la Justicia encuentra precisamente su razón de ser “en la protección de esa libertad, de la dignidad inherente a toda persona y de los derechos que de ella se derivan”.