No iba a ser gratis. La firma del T-MEC y la renovación extendida del acuerdo comercial pasarían costos y factura. Y apareció la auténtica intención, como largamente habíamos pronosticado.

Esa es la mentalidad de Donald Trump, claramente manifiesta y expresada en su libro acerca de la negociación. Si da algo, exige a cambio suficientes ventajas que le permitan sentirse ganador.

Es básico, primitivo, pero así funciona, especialmente cuando se trata de comercio internacional o de relaciones bilaterales. No se pueden comprimir a un reduccionismo simple como el “debe” y el “haber” en columnas primarias de contabilidad.

Por ello le ha resultado extremadamente difícil comprender el déficit comercial para Estados Unidos. Les vendemos mucho, nos compran mucho, y la balanza de pagos mantiene un superávit comercial para México. Desde su óptica, es un error que ha pretendido equilibrar con aranceles.

Pero ahora se exhibe su auténtica intención: la energía mexicana.

De la misma forma que operó con Venezuela al tomar control prioritario de su petróleo con venta exclusiva para Estados Unidos a precios preferenciales, Trump exige que México le entregue facilidades de producción y generación en Pemex para empresas estadounidenses y una mayor adquisición de gas natural.

Se ha descubierto por completo. El mensaje a México es: “Si quieren mantener el T-MEC y la serie de ventajas comerciales que otorga, tendrán que pagar con concesiones de energía”.

En realidad, era muy previsible, especialmente después del caso Venezuela, o de las condiciones de ayuda a Ucrania con los minerales raros.

Trump es un negociante, no un estadista, y muchos pondrían en tela de duda su capacidad política, aunque él mismo se autoelogia por sus cualidades sin precedentes.

La presidenta ha sido firme en defender la energía como patrimonio de México; la ley reformada por Morena no permite inversión extranjera en Pemex o la asignación de pozos como proyectos de exploración y explotación. Pero la presión es enorme.

El otro factor de demanda por parte de Washington recae, como hemos señalado en días anteriores, en el señalamiento de seguridad y la vinculación de políticos mexicanos con organizaciones del crimen organizado: cárteles de la droga, pero también contrabandistas de combustibles y otros delitos relacionados con políticos.

Ese es el eslabón más débil en la compleja cadena de relaciones multinivel entre ambos gobiernos. Se podrá avanzar y alcanzar acuerdos en materia migratoria, en el minado y accidentado terreno comercial, en la coordinación para la detención de narcos, líderes de cárteles, y jefes de plaza de mediana o poca monta.

Pero Washington quiere a los que denomina como narcopolíticos porque afirma que representan un atentado permanente a la seguridad nacional de los Estados Unidos.

A su juicio, y existen fundamentos para sustentar esa visión, mientras que funcionarios mexicanos de todos los niveles colaboren, protejan, encubran y permitan que estas organizaciones y sus líderes continúen operando con impunidad, el tráfico de sustancias a territorio estadounidense no se detendrá.

Es ahí justamente donde la presidenta Sheinbaum se ha negado a actuar con firmeza, con verticalidad en la defensa de los intereses de México y no de su partido.

La bandera de la constante detención —semanal, hay que decir— de lugartenientes narcotraficantes en diferentes estados de la República no desmantela, bajo la óptica de Washington, el inmenso flujo de drogas a su país.

Los piropos y lisonjas de Trump a Sheinbaum vienen siempre acompañados por la descalificación: “no puede”, “está impedida”, “bajo el control de los cárteles”.

La posición de la presidenta es extremadamente complicada porque se encuentra en un callejón sin salida: entregar concesiones energéticas a cambio de un T-MEC con cierta perspectiva de futuro, o entregar a altos perfiles políticos señalados como beneficiados por el narcotráfico y el crimen, a cambio de disminuir la presión, avanzar con la agenda habitual de relaciones bilaterales y reafirmar el T-MEC.

Hasta ahora, la estrategia pareciera haberse concentrado en resistir, aguantar toda la presión, no confrontarse, colaborar activamente en las áreas posibles, sin comprometer un solo ápice del patrimonio. ¿Hasta cuándo?

La primera aduana en esta estrategia serán las próximas elecciones americanas de noviembre, en que se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes, muchas gubernaturas y un tercio del Senado.

Será un momento obligado para un primer corte, para redefinir el manejo de sus exigencias.

La apuesta claramente está en un presidente estadounidense debilitado por una notoria derrota electoral, que colocará a un Congreso en su contra. Pero eso no garantiza que sus intereses y palancas contra México dejen de ejercer presión.