La querella de Rebeca y Laura, que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021 le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores, lesiones y trato vejatorio

Investigación - Extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales

Dos mujeres denuncian a Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por agresión sexual y trata de personas

Las dos extrabajadoras de Julio Iglesias que el pasado enero denunciaron al cantante ante la Fiscalía por delitos laborales y sexuales han presentado este jueves una querella contra él en un juzgado de la Audiencia Nacional, según ha anunciado en un comunicado Women’s Link, la organización que las representa. La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, le acusa de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

“Según sus testimonios, el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante. De acuerdo con la querella interpuesta, Rebeca y Laura describieron que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización en el comunicado.

Rebeca y Laura han solicitado acceder a medidas de protección específicas “mientras son acompañadas en su búsqueda de justicia”. “Ahora, un tribunal especializado será el encargado de revisar la información puesta en su conocimiento para determinar si inicia una investigación, respetando todas las garantías legales para acceder a la justicia, a la reparación y a la no repetición, según corresponda”, prosigue Women's Link.

En enero de 2026, Laura y Rebeca interpusieron una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la cual fue archivada diez días después de anunciar la apertura de diligencias y sin entrar al fondo del asunto. El Ministerio Público concluyó que no podía seguir adelante con el proceso por la “falta de competencia” de los tribunales españoles para juzgar los hechos, una decisión que fue discutida por expertos juristas. Sin embargo, esa decisión no se extiende automáticamente a un procedimiento judicial, puesto que el caso nunca llegó a estar en un juzgado: ahora será el juez al que se le asigne la querella el que decida si España tiene competencia para investigarlo o no.

La querella que ha presentado Women's Link ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) incluye el mismo relato de hechos y la misma calificación de delitos que ya se presentaba en la denuncia ante la Fiscalía, aunque con un añadido: un delito de trato degradante. El texto recoge también una amplia recopilación de jurisprudencia para reforzar la tesis de que la justicia española sí es competente para indagar estos hechos.

“Rebeca y Laura esperan que se adopte una interpretación amplia, comprometida con la protección de sus derechos, en línea con la opinión de personas juristas y académicas de reconocido prestigio que confirman la jurisdicción de los tribunales españoles”, asegura la organización en su comunicado.

Como parte de una investigación periodística publicada en enero por elDiario.es y Univision Noticias, estas dos mujeres aseguraron que Iglesias las agredió sexualmente en un ambiente de control e intimidación continuo mientras trabajaron para el cantante en 2021 en régimen interno en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas. Las extrabajadoras contaban que el cantante las presionaba para mantener encuentros sexuales y describen penetraciones, tocamientos, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Según sus relatos, recibían insultos y humillaciones durante su jornada laboral.

La decisión de la Fiscalía

La Fiscalía decidió no investigar los hechos denunciados al entender que los tribunales españoles carecen de jurisdicción porque ocurrieron exclusivamente en el extranjero y no se daban los “vínculos” que exige la ley para que la Justicia española pueda intervenir, a pesar de que Julio Iglesias tiene nacionalidad española. La decisión fue discutida por juristas y catedráticos, que entendían que España sí tiene competencia para investigarlo.

Women’s Link sostiene que los tribunales españoles tienen jurisdicción y competencia para actuar en este caso bajo el amparo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

Las abogadas se apoyan, además, en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por España. Estos serían el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención contra la Esclavitud, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Social Europea, el Convenio 169 de la OIT y su Resolución 201.

La decisión de la Fiscalía se produjo sin atender tres diligencias clave solicitadas por Women's Link Worldwide, la organización que asesora legalmente a las denunciantes. Según fuentes del caso, las abogadas habían hecho llegar a la Fiscalía tres escritos. En uno pedían medidas contra la difusión de información por parte del cantante de quien él identificaba como las denunciantes. En el segundo aportaban más evidencia para reforzar la idea de que podía aplicarse la jurisdicción española. En un tercero pedían que se tuvieran en cuenta nuevas informaciones que vinculaban la causa con España. Ninguno de los tres obtuvo respuesta.

En un primer momento, las abogadas de Laura y Rebeca optaron por denunciar ante la Fiscalía para no asumir en solitario la presentación de una querella. Después del archivo de la Fiscalía, presentan ahora personalmente esa querella ante la Audiencia Nacional.

El asunto de la jurisdicción

La catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay aseguraba tras conocer la decisión de la Fiscalía que los tribunales españoles “sí son competentes”. Así lo establece, dice Garay, el principio de personalidad activo recogido en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto dispone que “conocerá la jurisdicción española de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminales responsables fueren españoles” (…) y que concurran ciertos requisitos: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero.

Garay señalaba que Iglesias es español, que los hechos son también punibles en República Dominicana y Bahamas –donde se produjeron– y que el cantante no ha sido juzgado ni, por tanto, condenado, absuelto o indultado.

El catedrático de Derecho Penal de la Univesidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendía en un artículo en El País que España tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante. Si bien los jueces penales, explica, no se ocupan de instruir todos los casos con independencia de dónde se hayan cometido y quién sea el autor, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sí se compromete a juzgar los delitos cometidos por españoles en el extranjero “si la conducta es también delictiva allí donde se produjo y no ha sido aún juzgada”.

Desde el año 2014, prosigue, el principio de justicia internacional exige “una determinada conexión con España” para que nuestro país pueda conocer esos hechos. “¿No es acaso español –‘el más universal’, dice el tópico– y no son acaso la agresión sexual y la trata de personas que se le atribuyen delitos en la República Dominicana, sin que el imputado haya sido ya ‘absuelto, indultado o penado en el extranjero?”, se pregunta Lascuraín, que asegura que la Fiscalía llamó “interpretación restrictiva de la ley a lo que no es sino su desobediencia” y se apoyó en precedentes en los que sí era evidente que faltaban requisitos para poder juzgar los hechos en España.

La investigación periodística

Durante tres años de investigación periodística, elDiario.es y Univision Noticias contactaron con 15 extrabajadores de Julio Iglesias, incluyendo personal doméstico y otros profesionales especializados que trabajaron en distintos periodos, entre finales de los años 90 y 2023, en las casas del cantante en República Dominicana, Bahamas y España. En estas entrevistas se describieron las condiciones laborales en las residencias, y hablaron de aislamiento, conflictos, trato degradante, salarios insuficientes y un clima de tensión ambiental generado por el carácter irascible de Iglesias.

Al menos en dos de estas entrevistas afloraron otros relatos en los que las extrabajadoras describían situaciones de acoso y agresiones sexuales. Los testimonios de estas dos mujeres fueron consistentes y estables a lo largo del tiempo, y la investigación periodística los contrastó con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados, informes médicos y otros documentos.

Los hechos que relatan Rebeca y Laura tuvieron lugar en las residencias de Julio Iglesias con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal, según afirman estas dos extrabajadoras. Una encargada gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Esta encargada no contestó a las preguntas que le realizó este medio.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de la primera de las informaciones, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer” y dijo que las acusaciones eran “absolutamente falsas”.

En el mes de febrero, Rebeca denunció a la policía del país en el que reside que ha estado vigilada por un detective español tras la presentación de su denuncia ante la Fiscalía y la publicación de los reportajes.