Los anteproyectos anunciados por el Gobierno este martes, cuando se cumple casi un mes del inicio de la crisis migratoria de Ceuta, para aprobar una nueva ley de asilo que sustituya a la vigente y reformar la actual norma de extranjería suponen una de cal y otra de arena para los migrantes. Los textos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, viennen repletos de novedades. Aumentan por un lado las garantías de menores y otros colectivos vulnerables, como el LGTBI+ o las mujeres víctimas de violencia de género, pero por otro introducen restricciones al derecho de asilo, contemplan la posibilidad de confinar en zonas e, incluso, en edificios a los solicitantes, recogen la posibilidad de reparto por comunidades autónomas “en función de su capacidad”, regulan la posibilidad de internamientos forzosos por motivos como “la seguridad nacional y el orden público” y aceleran los plazos de expulsión de migrantes irregulares, en línea con la política de mano dura por la que ha apostado en los últimos años la Unión Europea (UE).
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