Los sindicatos USTEC-STEs y CGT harán huelga el próximo 8 de septiembre, el primer día lectivo del nuevo curso en Cataluña. Son dos de las centrales mayoritarias en el sector, aunque CCOO, UGT y Aspepc-Sps, que en un principio también convocaron protestas el curso pasado, se han descolgado de la convocatoria. ISTEC, aunque no se define como tal, está considerado un sindicato cercano a los intereses soberanistas, mientras que CGT es intrínsecamente anarquista. La movilización está apoyada también por la Intersindical, otra organización de referencia independentista.

Los sindicatos convocantes exigen medidas concretas de más inversiones y aumento de plantillas para rebajar las ratios de alumnos por clase, así como el blindaje del catalán en la educación. El lema de los sindicatos convocantes es “una educación pública, inclusiva y en catalán”.

El pasado 13 de julio, los sindicatos se reunieron con la consejera de Educación, Esther Niubó, y exigieron un compromiso en cuanto a ratios de alumnos, educación inclusiva, infraestructuras, jornada laboral, blindaje de la red pública y el catalán. “El Departamento no nos ha vuelto a convocar para negociar estos ámbitos. Hasta este lunes, en el que Niubó anunció que esta semana se reunirá con representantes de las dos centrales para tender puentes y poder evitar la huelga. “No es el inicio que hubiésemos querido y hubiésemos esperado”, dijo la consellera.

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Pero se va a encontrar con un muro. “El Govern no puede pasar semanas sin sentarse con los representantes del colectivo educativo y pretender después desactivar una huelga con ruedas de prensa. Las ruedas de prensa no sustituyen a la mesa de negociación”, aducen desde Usted-STEs. Por eso, la huelga del 8 de septiembre sigue adelante, al menos de momento. “No es una huelga improvisada ni simbólica”, dicen desde el sindicato, que consideran que “no aceptaremos comenzar el curso como si no hubiese pasado nada”. Por tanto, huelga al canto para el inicio de curso. “Y al día siguiente volveremos a los centros. Escucharemos, debatiremos y decidiremos democráticamente cómo continuamos”.

Las inversiones suben

USTEC-STEs es la primera fuerza sindical de la comunidad, seguida de ASPEPC-SPS, también conocida como Professors de Secundària, que ya ha pactado con la Administración, lo mismo que CCOO y UGT, la tercera y cuarta fuerza sindical. Cataluña encara el nuevo curso con 1,6 millones de alumnos (unos 1.000 menos que el curso anterior) y 94.422 trabajadores de la enseñanza, de los que 85.052 son profesores.

Los sindicatos esperan forzar para acercar el gasto público en educación al 6% del PIB, con el fin de garantizar la escuela pública mientras se mantienen los conciertos educativos. Con ello, se reducirían las ratios de alumnos por aula, se garantizaría la gratuidad efectiva y se avanzaría hacia “condiciones laborales dignas y centros en condiciones: sin barracones cronificados, sin edificios deteriorados y con unas infraestructuras adaptadas a la emergencia climática”.

Desde el Departamento se subraya, no obstante, que “tras muchos años de desinversión en las infraestructuras educativas, se recuperan los niveles de inversión del año 2008, con 257 millones de euros. Aparte, el próximo curso se destinarán más de 100 millones a instalar sistemas de climatización de frío y calor en los centros y 20 millones para la instalación de ventiladores fijos en casi 400 centros.

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En cuanto a infraestructuras y lucha contra los barracones, destacan que en el curso 2026-2027 están en construcción 6 centros (dos de ellos son ampliación) por valor de 36,8 millones, mientras que este curso se iniciará la construcción de otras 4 nuevas escuelas y se ampliarán 3 por un monto de 35,4 millones. Paralelamente, se invirtieron 15 millones en actuaciones de reforma, ampliación y mejora de centros (otros 35 millones corrieron a cargo de la empresa pública Infraestructures.cat) y se repartieron 100 millones de los ayuntamientos para financiar obras en empresas públicas.

Los sindicatos subrayan que existe mucha precariedad en el sector y exigen un plan de choque. Entre las medidas que reclaman está la reducción de jornada a 35 horas y la reducción de dos horas lectivas, lo que posibilitaría un tiempo necesario para coordinación y para hacer un seguimiento del alumnado. Sus peticiones apuntan a que haya un máximo de 20 alumnos por clase en infantil. También reclaman más personal de apoyo, psicólogos y especialistas para atender la salud mental en las aulas. Además de aumentos salariales para recuperar el poder adquisitivo, reclaman menos burocracia, medidas de sustitución rápidas para cobertura de bajas.

En su dosier para el próximo curso, en cambio, el Departamento de Educación recoge que para el próximo curso se contratarán 1.830 empleados, de los que 1.103 son docentes, 531 de personal de atención educativa y 196 trabajadores de administración y servicios. La previsión es que haya 1,6 millones de alumnos en las aulas catalanas. En cuanto a la burocracia, ya existe un plan de desburocratización 2026-2028 listo para ejecutarse y aligerar de carga burocrática a los equipos directivos y docentes, así como planes para regular el móvil en clase y restringir la inteligencia artificial, que estará prohibida a los menores de 14 años.

En materia de salario, prevé 700 euros de complemento docente en la nómina de los profesores, cantidad que se suma a los más de 800 euros (839 los profesores de Primaria y 858 los de Secundaria) que ya cobraron en el mes de mayo por el aumento del complemento específico.

Más aulas para inmigrantes

En las aulas de acogida, se reclama una ratio de 10 alumnos como máximo por clase y blindar el catalán en la escuela. Estas aulas son las que acogen a los alumnos recién llegados y que, por lo tanto, no saben catalán. Niubó hizo público este lunes el incremento de aulas de acogida, pero aún así la ratio es de 18 alumnos por clase, una cifra aún lejana de la reclamada por los representantes de los trabajadores. Sin embargo, Educación cifra en 2.141 las aulas de acogida para el próximo curso, 500 más que en el curso pasado. Además, se duplican las aulas de acogida intensiva, pasando de 27 a 45 y de 54 a 104 dotaciones.

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La diputada de Junts Anna Erra criticó que el curso comience con una huelga y aseguró que ello se debe a que Niubó “no ha hecho los deberes”. En términos similares se expresó el secretario general de la CUP, Non Casadevall, que acusó a la consellera de “incapacidad” y pidió a Salvador Illa que la cese si ella no dimite. “Ha tenido semanas para tomarse en serio las necesidades educativas para solucionar el conflicto con la comunidad educativa. Es absolutamente vergonzoso que se planten en septiembre, a las puertas del nuevo curso escolar, con las manos vacías. No han hecho los deberes de verano y eso pasa factura en septiembre”.

Paralelamente al anuncio de su intención de reunirse con los sindicatos, la consellera dejó caer la gran bomba: cesa a la secretaria general del Departamento, Teresa Sambola. Este cese no es el único: tres altos cargos han sido cesados también, pero estos en relación directamente conectados con la exclusión de Cataluña de las pruebas PISA de 2025 (aunque se hizo público este lunes, su desvinculación paulatina se realizó desde marzo pasado).

Se les ha abierto expediente disciplinario por negligencia. Cataluña fue eliminada de las pruebas porque se habían excluido casi a una cuarta parte de los alumnos que hicieron el examen, cuando sólo se permite excluir un máximo del 5%. Sólo 5 de los 51 centros implicados cumplieron con parámetros. Aunque el cese de Sambola no se vincula directamente al fiasco PISA, este fue el detonante de la medida y es aprovechado para abrir “una nueva etapa organizativa para el resto de la legislatura”. Ello permitirá a la cúpula de la consellería abordar las negociaciones de la huelga con una mayor flexibilidad. Pese a todo, Junts registró ya este lunes una petición de comparecencia parlamentaria de la consellera para que explique la depuración de responsabilidades en el tema de PISA.