En el primer minuto del sábado, hora de Washington, entraron en vigor los aranceles de 50 por ciento sobre cerca de 20 mil millones de dólares en productos canadienses. Unas horas antes, en Culiacán, Rubén Rocha Moya había retomado la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia.

Son dos hechos separados por más de 3 mil kilómetros y aparentemente desconectados. Pero juntos ayudan a entender el terreno sobre el que México tendrá que negociar con Estados Unidos en los próximos meses.

Canadá hizo casi todo lo que aconsejaría el manual de un negociador prudente. Hace un año retiró la mayor parte de sus represalias arancelarias contra Estados Unidos. En las últimas semanas negoció intensamente con el equipo de Jamieson Greer y llegó a trabajar sobre un borrador que, según los trascendidos, reducía a 25 por ciento los aranceles al acero y al aluminio canadienses y a 15 por ciento los aplicados a sus automóviles.

Es decir, prácticamente las mismas concesiones que México lleva meses buscando para esos sectores.

Y, aun así, el acuerdo se cayó en la última noche.

Greer acusó a Ottawa de negarse a firmar en los términos pactados días antes. El primer ministro Mark Carney respondió que las condiciones eran injustas y anunció represalias “dólar por dólar”. Los nuevos gravámenes entraron en vigor amparados en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, un instrumento punitivo que ningún presidente estadounidense había utilizado en casi un siglo.

El episodio deja al menos dos lecciones que deberían estudiarse cuidadosamente en la Ciudad de México.

La primera es que, con esta Casa Blanca, los acuerdos preliminares no son acuerdos. Son fotografías de un instante que pueden borrarse en cuestión de horas.

La segunda es todavía más importante: las concesiones pueden comprar tiempo, pero no necesariamente certidumbre.

Si Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de realizar importantes concesiones, terminó enfrentando el arancel máximo, el margen de cualquier otro negociador es probablemente menor de lo que se admite en público.

Y ahí comienza la conexión con Culiacán.

Mientras los negociadores canadienses apuraban las últimas horas, Rocha Moya anunció su regreso al gobierno de Sinaloa. Argumentó que la FGR no encontró “los mínimos elementos de prueba” en su contra.

Pero conviene separar esa afirmación de lo que sí sabemos: la acusación de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sigue vigente y Washington no ha retirado los cargos; la solicitud de detención con fines de extradición no se ha ejecutado; la Secretaría de Gobernación calificó el regreso como una “decisión personal” y señaló que las investigaciones continúan abiertas; y 23 gobernadores del propio oficialismo le pidieron actuar con “madurez y responsabilidad”.

La reacción estadounidense fue igualmente significativa. El Departamento de Estado recordó que el Cártel de Sinaloa “no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”.

El problema para México no consiste en suponer que Washington convertirá automáticamente el caso Rocha en un argumento arancelario. Consiste en algo más complejo.

Su regreso proporciona un argumento adicional a quienes en Washington sostienen que México no está haciendo lo suficiente para desmontar las redes políticas e institucionales que permiten operar a las organizaciones criminales.

Y eso ocurre justo cuando Trump acaba de demostrar con Canadá que está dispuesto a utilizar al máximo la enorme asimetría que existe entre Estados Unidos y sus socios comerciales.

El deslinde inmediato del gobierno federal y de la dirigencia de Morena frente a la decisión de Rocha fue una señal correcta hacia afuera. Pero el episodio muestra también las dificultades para controlar el mensaje político que México proyecta hacia Washington precisamente cuando más necesita reducir los flancos abiertos.

Horas después, Sheinbaum endureció públicamente su posición. Sin mencionar a Rocha por su nombre, advirtió que “ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación” y sentenció: “El poder sin principios se vuelve arrogancia”. También reveló que se enteró de su regreso por redes sociales. La presidenta no avaló su decisión. La presión surtió efecto: este sábado, apenas un día después de reincorporarse, Rocha solicitó al Congreso de Sinaloa una nueva licencia temporal, con carácter indefinido y por más de 30 días. La rectificación reduce el costo político inmediato, pero no borra el expediente estadounidense ni las investigaciones mexicanas.

México está negociando los mismos tres rubros que Canadá: acero, aluminio y automóviles. Son sectores que concentran una parte relevante del empleo manufacturero del norte y el Bajío y que tienen un peso considerable en la relación económica bilateral.

Con más de 80 por ciento de nuestras exportaciones dirigidas a Estados Unidos, el resultado de esas conversaciones será uno de los factores que más pesen sobre las perspectivas económicas de 2027.

Pero México llega con una vulnerabilidad que Canadá no tiene.

Canadá negocia cargando con una disputa arancelaria. México lo hace con los aranceles y, al mismo tiempo, con una agenda bilateral dominada por narcotráfico, fentanilo, migración y corrupción.

La posición oficial mexicana ha insistido en que la relación comercial va por buen camino y que el caso Rocha pertenece a un expediente jurídico diferente.

Formalmente es así. Políticamente, el problema es que Washington no necesariamente separa esos expedientes.

En la Oficina Oval, comercio, migración, fentanilo y seguridad forman parte cada vez más de una sola conversación. Y una concesión en un terreno puede terminar convirtiéndose en moneda de cambio en otro.

Por eso el fracaso de la negociación canadiense importa tanto para México.

La pregunta inmediata es si empujará al gobierno mexicano a cerrar cuanto antes un acuerdo, aunque resulte imperfecto, o si lo llevará a resistir en espera de mejores condiciones.

Pero hay otra pregunta que se resolverá en México, no en Washington: cuántos argumentos adicionales estamos dispuestos a poner en manos de quienes buscan endurecer la posición estadounidense.

Canadá acaba de comprobar que hacer concesiones no garantiza quedar a salvo de Trump.

México debería procurar, por lo menos, no regalarle además municiones políticas.