Varios miles de pensionistas llegados de toda España recorrieron este sábado el centro de Madrid, desde Atocha hasta la calle de Alcalá, para exigir que sus pensiones se revaloricen conforme al IPC real y para rechazar cualquier intento de privatizar el sistema público. La marcha, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe) y a la que se sumó la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, reunió a 25.000 personas según la Delegación del Gobierno, y a 50.000 según los organizadores. La protesta llega en un momento doblemente sensible: con la inflación en el 4,9% y en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que las pensiones —de las que dependen los ingresos de más de diez millones de votantes— han entrado de lleno en el debate después de que dirigentes del PP y de Vox se pronunciaran sobre la viabilidad futura del sistema.

Entre pancartas con lemas como 'Pensiones dignas', 'Pan, trabajo y dignidad' o 'Blindar las pensiones', la marcha ha concluido en Alcalá, a la altura del metro de Sevilla, donde las asociaciones han mostrado su solidaridad con las movilizaciones por la sanidad y la educación públicas y por los derechos de las educadoras infantiles. Después, los manifestantes se han dirigido a la Puerta del Sol para apoyar a los acampados que reclaman una vivienda digna.

La portavoz nacional de Coespe, Francisca López, ha reclamado que la revalorización se ajuste al IPC real porque, a su juicio, las subidas actuales no compensan el encarecimiento del coste de la vida ni el de la cesta de la compra. La ley vincula la actualización anual al IPC medio de los doce meses previos, pero esa subida se aplica en enero. Las plataformas agrupadas en la Unidad de Acción de los movimientos de pensionistas lo han resumido así: "Tenemos menos capacidad de compra que en enero", y la pensión no permite llegar a fin de mes al 51,3% de los perceptores. Por eso exigen restablecer la paga compensatoria que se abonaba al final de cada ejercicio para cubrir esa pérdida.

Las reivindicaciones de los manifestantes incluyen una subida del 6% de las pensiones para 2027, que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional (SMI) neto, fijado en 1.221 euros mensuales, y una auditoría pública e inmediata del sistema, porque, según los convocantes, aún existen "muchas pensiones de miseria".

Pero el grito más repetido fue el rechazo a lo que la coordinadora califica de "continuos e intolerables intentos de privatización total o parcial". "Gobierne quien gobierne, los derechos y las pensiones públicas se defienden", han coreado los manifestantes, que han instado a todo el arco parlamentario a blindar el sistema actual. Otro de los portavoces de Coespe, Damián Rodríguez, ha expresado su preocupación por lo que pueda ocurrir tras el 29 de noviembre: "Las pensiones cada día son menores con respecto al coste de la vida y se nota en nuestros hogares".

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Junto a las demandas generales, distintos colectivos también han llevado a la calle sus reivindicaciones. La Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar (ASJUBI40) ha exigido que, antes de que termine la legislatura, se deroguen aquellos elementos que recortan la pensión de quienes se retiran anticipadamente tras haber cotizado 40 años o más, una penalización que, según la entidad, afecta a unas 900.000 personas. Su vicepresidente y portavoz, Santiago Menchero, ha denunciado que castiga a hombres y mujeres que empezaron a trabajar muy jóvenes, algunos con apenas 14 años.

Desde Galicia, el Movimiento Gallego en Defensa de las Pensiones y los Servicios Públicos (Modepen) ha puesto el foco en la brecha de género, del 29,4%: según la nómina de agosto de la Seguridad Social, la pensión media de jubilación de las mujeres fue de 1.267,48 euros, frente a los 1.795,65 de los hombres. Esto supone 528,17 euros menos, una diferencia que atribuyen a un sistema que premia las carreras laborales largas y sin interrupciones.

La vivienda, también presente

La vivienda fue el otro gran eje de la protesta. La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha defendido la necesidad de unir las reivindicaciones de pensionistas y trabajadores ante un encarecimiento del coste de la vida que, ha advertido, está "devorando los ingresos de millones de personas". A la estela de lo ocurrido con Maricarmen Abascal —desahuciada de su vivienda con 87 años—, la organización ha recordado que la crisis residencial golpea también a los mayores, sobre todo a quienes viven de alquiler o ayudan económicamente a sus familias, y ha rechazado que las dificultades para llegar a fin de mes sean un conflicto entre generaciones.

La marcha ha tenido también su lectura electoral. Integrantes de Frente Amplio, la coalición de izquierdas, se han sumado a la protesta con dos propuestas: que ninguna pensión quede por debajo del salario mínimo y recuperar la jubilación a los 65 años. "Si estamos subiendo el SMI porque el coste de la vida no para de aumentar y los salarios tienen que seguir aumentando, lo lógico es que las pensiones suban al mismo ritmo que el SMI", ha indicado Ada Colau, la candidata de Frente Amplio a la presidencia. El cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado (Más Madrid), ha asegurado que el sistema público no solo es "sostenible", sino también "mejorable".

Qué bonita es Madrid cuando defiende sus derechos. Proponemos que ninguna pensión esté por debajo del SMI. Toda la vida trabajando merece una jubilación digna. https://t.co/JUV093DCjA

— Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) October 24, 2026
Uno de los sistemas más generosos de Europa

Si se realiza una radiografía sobre el sistema público de pensiones, tras revelarla, España se sitúa entre los sistemas más generosos del continente. La pensión media de jubilación se situó en septiembre en 1.576,1 euros mensuales, y la del conjunto del sistema, que incluye viudedad e incapacidad permanente, en 1.374,6 euros. Según el Ageing Report que la Comisión Europea elabora con datos validados por cada Estado miembro, España paga a sus nuevos jubilados el 77% de su último salario, frente al 45% de media en la UE, y la ratio entre pensión media y salario medio alcanza el 70%, la tercera más alta de la Unión tras Grecia e Italia.

Las reformas de 2011 y 2013, de Zapatero y Rajoy, habrían rebajado esa tasa de sustitución hasta el 45% en 2070; la del Gobierno de Pedro Sánchez, que eliminó ese ajuste y ligó la revalorización al IPC, la mantendrá en el 64%, la más alta de Europa. Eurostat aporta otro dato singular: España y Luxemburgo son los únicos países europeos donde la renta disponible de los mayores de 65 años supera a la del resto de la población, en el caso español en un 6%.

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Javier JorrínUn sistema de jubilación con una tasa de sustitución tan elevada genera grandes beneficios, pero también requiere de grandes sacrificios. Conocer el sistema es imprescindible para valorarlo

El reverso de esa generosidad es la factura. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera el gasto proyectado muy elevado, pero sostenible: en 2050, en el pico del envejecimiento, alcanzará el 16,4% del PIB, casi 3,5 puntos más que hoy, lo que a precios actuales obliga a hacer hueco a algo más de 60.000 millones de euros, cerca del 90% de todo el gasto público en educación; cubrirlos solo con el IVA exigiría subir ese impuesto un 62%.

La Seguridad Social acumula ya década y media en déficit, en parte por el paro y la cuantía de las prestaciones: España está menos envejecida que la media europea —el 20,7% de su población tiene 65 años o más, frente al 22% de la UE— y, con dos puntos menos de mayores que Alemania, ya gasta medio punto de PIB más en pensiones. El propio Gobierno admitió en el Programa de Estabilidad de 2022 que la sostenibilidad del sistema depende del aumento de ingresos, lo que traslada buena parte del esfuerzo de los pensionistas a los trabajadores, vía cotizaciones e impuestos. Quién pague esa cuenta, gobierne quien gobierne, será una de las preguntas que los partidos tendrán que responder antes del 29 de noviembre.