Pablo Iglesias reconoció hace más de una década, cuando trataba de liderar a la izquierda, que hacer política era "cabalgar contradicciones". Y en ese trance sobreviven ahora sus antiguos socios de Sumar, esquinados por el PSOE en el Gobierno y tratando de superar la pesada digestión de tragar tres enormes sapos que contradicen su propio programa en cuestiones fundamentales: el futuro de las centrales nucleares, la posición de España respecto al Sáhara Occidental y el gasto militar.

Yolanda Díaz se presentó a las elecciones de 2023 como la líder de una izquierda verde y antinuclear a la izquierda del PSOE. La coalición, que planteaba excluir la energía nuclear del mercado marginalista o incrementar las tasas de residuos radiactivos, pactó con los socialistas un calendario de cierre para las centrales operativas a partir de 2027. A un año de los comicios, sin embargo, el socio mayoritario ha cambiado de opinión y ha decretado una prórroga de tres años para Almaraz, en Cáceres.

"Supone una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años", respondió Sumar a través de un comunicado tras conocer la medida, el pasado 14 de agosto, en línea con la posición de IU. La formación se apresuró a cargar las tintas contra el socio mayoritario de la coalición, acusando al PSOE de plegarse a "presiones corporativas" y "oligopolios", pero todo quedó en una escenificación. Los propios socialistas salieron al paso y aseguraron que el Gobierno está a salvo. El caso de Almaraz, añadieron, es puntual y no habrá efecto dominó con el resto de centrales nucleares.

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No es la primera vez que Sumar anda al galope entre sus banderas políticas y la acción del Gobierno. Entre las crisis de alcoba del Ejecutivo destaca el choque por el incremento del gasto militar hasta el 2% del PIB. Los cinco ministros magenta siempre se han opuesto al compromiso por considerar el aumento "verdaderamente exorbitado", como subrayó la vicepresidenta segunda, aunque la cosa tampoco ha ido a mayores. La realidad es que Pedro Sánchez ha batido récords de gasto público en defensa y la cifra supera ya los 23.300 millones de euros, un 46% más que el año anterior.

El programa con el que Díaz concurrió a las elecciones de julio de 2023 hacía una enmienda a las políticas de defensa del anterior Ejecutivo, con una visión más humanista y subrayando la necesidad de "revisar" y "auditar" los Programas Especiales de Armamento y "otros gastos asociados a planes de defensa con el fin de dotarlos de mayor transparencia". "Adoptaremos, en el ámbito específico de la política de defensa, una Estrategia Nacional de Seguridad Humana que fortalezca el compromiso con el derecho internacional humanitario", apuntaba. Lo más reseñable hasta la fecha, sin embargo, es ese crecimiento exponencial del presupuesto.

Sáhara Occidental

La cuestión del Sáhara Occidental era otro de los pilares argumentales de Sumar antes de los comicios. Tanto, que una de sus diputadas en el Congreso de los Diputados es Tesh Sidi, de origen saharaui. El programa de la formación era taxativo respecto al giro unilateral de Sánchez sobre la antigua colonia, que acabó con la histórica posición de neutralidad de España en favor de Marruecos.

"Daremos marcha atrás con celeridad al cambio de posición adoptado en 2022 con respecto al Sáhara Occidental y utilizaremos todos los canales de influencia en el conflicto para apoyar plenamente el derecho a la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, en el seno de las Naciones Unidas, impulsando el trabajo de la MINURSO, y tanto en las instancias regionales como en las relaciones bilaterales con su Vecindad Sur", dice el programa. Y añade: "Trabajaremos desde la Unión Europea para defender el cumplimiento de las sentencias de la justicia europea relativas al Sáhara Occidental y revisar, en consecuencia, los diferentes acuerdos entre la Unión Europea y Marruecos que puedan afectar al Sáhara Occidental".

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El Ejecutivo no solo no ha dado marcha atrás con el Sáhara, sino que ha tratado por todos los medios de preservar las buenas relaciones con Mohamed VI. La crisis en Ceuta, con la llegada de más de 80.000 inmigrantes irregulares ante la desidia de las autoridades marroquíes, es el último ejemplo. Sumar, a través de IU, ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja que cuestiona la organización del Mundial de fútbol de 2030 con el país magrebí por este episodio, planteando incluso la posibilidad de romper la alianza, pero en este supuesto nadie espera tampoco que sea motivo de ruptura en el Gobierno.

Sumar, la formación pacifista, antinuclear y prosaharaui, entrará en el año electoral con una huella en el Consejo de Ministros difícil de explicar para los suyos: con récord de gasto militar, una prórroga de tres años para la central de Almaraz y con la posición de España respecto a Marruecos y el Sáhara intactas.