Un juez ecuatoriano ordenó el viernes la prisión preventiva de la excandidata presidencial Luisa González y otras dos personas durante una audiencia en la que la Fiscalía les formuló cargos por lavado de activos.

El juez dictó la misma medida para el exasambleísta Santiago Díaz, quien ya cumple una condena por violación, y para Wendy Onofre, una dirigente de un movimiento político aliado que se entregó voluntariamente, informó el Ministerio Público en su cuenta de X.

Para Estefanía Molina —coordinadora de la oficina de Díaz, quien fue tesorero de la campaña en Ecuador— dispuso presentaciones periódicas, la prohibición de salida del país y uso de grillete electrónico, agregó el ente acusador.

Tres de los cuatro imputados fueron detenidos la víspera en el marco de una indagación por supuestas inconsistencias en los aportes electorales y el presunto origen ilícito de medio millón de dólares usados para la campaña de 2023 que no habrían sido declarados, según la Fiscalía.

“Tego 19 procesos en la Fiscalía General del Estado… les dije que me quedaría junto a mi pueblo, a luchar por mejores días y así lo he cumplido”, señaló un comunicado difundido en las redes sociales de González tras conocerse la decisión judicial.

“Darnos por vencidos no es opción y jamás lo será”, añadió la representante de la oposición que ha negado las acusaciones en su contra y se considera una perseguida política.

¿Cuál sería el delito de Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador?

Para el gobierno, Luisa González “fue detenida por financiar su campaña con dinero sin justificación verificable”, aseguró el secretario de la Administración Pública, José Neira, en un video difundido horas antes de conocerse el fallo judicial.

En una explicación sobre el caso, Neira expuso que “la hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela” para financiar la campaña y aseveró que el gasto electoral debe “ser transparente”.

González, abogada de 48 años y abanderada política del expresidente Rafael Correa (2007-2017), fue finalista en los balotajes de 2023 y 2025 frente a Daniel Noboa, quien la superó en ambas ocasiones. Es una figura clave del mayor movimiento de oposición Revolución Ciudadana.

Su detención ocurre a poco más de un mes de las elecciones para alcaldes y prefectos provinciales previstas para el 29 de noviembre marcadas por la suspensión de su organización política y la inhabilitación de su candidatura por parte del Tribunal Contencioso Electoral.

La ley penal ecuatoriana sanciona el lavado de activos con penas que van de uno a 13 años de prisión.