El Gobierno quiere dar un paso más en el encaje de Ceuta dentro de la Unión Europea. Pedro Sánchez ha planteado este jueves, durante su comparecencia en el Congreso sobre la situación de la ciudad autónoma, una fórmula que permitiría a la ciudad autónoma acceder a un trato singular en ámbitos como la fiscalidad, la financiación o los fondos comunitarios. El cambio, sin embargo, no depende únicamente de España: obligaría a modificar los Tratados europeos, un proceso complejo que requiere el respaldo unánime de los Veintisiete.

Qué territorios tienen este estatus en la UE

Sánchez quiere que Ceuta sea reconocida como "región ultraperiférica" de la Unión Europea, un estatus que actualmente solo tienen nueve territorios: Canarias, Azores, Madeira, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión. Son territorios que forman parte de la UE, pero que comparten una serie de condicionantes geográficos y económicos —gran lejanía respecto al continente europeo, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un número limitado de productos— que dificultan su desarrollo. El artículo 349 de los Tratados europeos permite aplicar medidas específicas para compensar estas desventajas, mientras que el 355 recoge los territorios reconocidos como regiones ultraperiféricas.

Para Ceuta, entrar en el mismo grupo que Canarias supondría cambiar de forma sustancial su actual encaje dentro de la Unión Europea. El propio Sánchez ha defendido las ventajas de la propuesta y ha puesto el acento en el "régimen fiscal favorable" asociado a este estatus. La clave está en que ser región ultraperiférica permite adaptar determinadas reglas comunitarias a las particularidades de cada territorio.

Qué cambiaría para Ceuta ser una región ultraperiférica

En la práctica, el cambio tendría consecuencias directas para Ceuta. El estatus de región ultraperiférica permitiría aplicar condiciones específicas en ámbitos como la fiscalidad, el comercio, la unión aduanera y el acceso a fondos europeos, entre ellos el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La ciudad ya disfruta de un régimen propio —con reducciones en el IRPF y el impuesto de sociedades, el IPSI y la consideración de puerto franco—, pero actualmente queda fuera de la unión aduanera europea y no disfruta del mismo encaje comunitario que Canarias. La propuesta del Gobierno permitiría avanzar hacia su incorporación con condiciones especiales y participar en la Estrategia de Desarrollo de la Comisión Europea.

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El movimiento no se limita al terreno económico. Sánchez también se ha comprometido a impulsar la entrada de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, el órgano que da voz a ciudades y regiones ante las instituciones comunitarias. El objetivo del Gobierno es, por tanto, reforzar tanto el tratamiento económico de las dos ciudades autónomas como su representación política en Bruselas.

Un cambio que obliga a abrir el debate europeo

El principal obstáculo está en Bruselas. Para que Ceuta se convierta en región ultraperiférica habría que reformar los Tratados europeos, una decisión que exige la unanimidad de los 27 Estados miembros y que puede prolongarse durante años. A ello se suma otra dificultad: la ciudad autónoma no reúne todas las características que definen a estos territorios, entre ellas la insularidad. Existe, sin embargo, un precedente al que España podría acogerse: la Guayana Francesa es la única de las nueve regiones ultraperiféricas que no es una isla.

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Ignacio CembreroEl presidente del Gobierno ya hizo anuncios parecidos en 2021 tras la primera invasión migratoria pacífica de la ciudad autónoma, pero cinco años después no los ha cumplido

El cambio tampoco afectaría únicamente a Ceuta. Reconocerle este estatus podría abrir la puerta a que otros territorios europeos reclamasen un trato similar, como podría ocurrir con Córcega. Sánchez abre así una negociación de largo recorrido cuyo desenlace no está en manos de España: cualquier modificación tendrá que superar el complejo equilibrio entre los Veintisiete antes de traducirse en ventajas fiscales, económicas y financieras para la ciudad autónoma.