Gobernar un estado no solo tiene que ver con tener los votos. Hace falta tener legitimidad para ello. En el estado de Sinaloa el ir y venir del gobernador Rubén Rocha Moya difícilmente da cuenta de una solidez en sus acciones.

Para cuando escribo esto, el ahora exgobernador ya había pedido licencia por segunda vez en menos de cuatro meses. En la primera licencia que solicitó en mayo dijo que sería durante lo que duraba su proceso de investigación.

El proceso no ha concluido del todo, pero Rocha intentó volver al gobierno del estado. Un estado donde no había dejado por completo de ejercer influencia a través de sus allegados.

El problema, más allá de las idas y venidas del gobernador, que pueden ser muy cuestionables porque responden más a un interés personal que a un beneficio de la población.

Creo que después de estos meses y de ver con la facilidad con la que un mandatario decide volver por sus fueros deberíamos preguntarnos hasta dónde como población deberíamos exigir certezas de quién nos gobierna.

¿Cómo estaremos seguros que el desempeño de un mandatario con un proceso de investigación tan delicado acude a gobernar y no a cubrir pistas, a construir una defensa o a utilizar todo lo que encuentre a la mano para negociar?

Porque la verdad es que el que Rocha Moya no haya asumido por completo el control del gobierno del estado una vez más fue más por una cuestión de opinión pública que por una conciencia personal.

Pero más allá de los vaivenes políticos, deberíamos preguntarnos qué va a pasar ahora con Sinaloa. ¿Cuál es el plan para su desarrollo económico de aquí a tres años? ¿Cómo se planean promover las inversiones? ¿Cuál es el plan de infraestructura a desarrollar en los siguientes tres años?

El problema de que el gobernador vaya y venga en medio de licencias es que en medio de ellas se queda un estado sobre el que no se trabaja un proyecto, en el que no se tiene una estabilidad que debería tener.

¿Nos deberíamos guiar por algunos indicadores de desarrollo? Porque si es así Sinaloa tiene a 1 de cada 4 personas en situación de pobreza laboral, casi la mitad de sus trabajadores tienen un empleo sin prestaciones y sólo en lo que va de 2026 se han perdido 26 mil 787 empleos formales, según cifras oficiales.

Los empresarios, a través de la Coparmex pidieron al gobierno federal un plan de rescate y aseguran que la extorsión en el estado se ha incrementado 94 por ciento.

A decir de las cifras y el pulso empresarial, el estado no necesariamente pasa por su mejor momento y la realidad es que deberíamos enfocarnos en los detalles específicos que involucran a la población y el bienestar a largo plazo, más allá que poner toda la atención en el panorama político que hasta ahora no ha garantizado mucho.

El problema que veo para esta exigencia es que la ruta para solicitar ayuda no es clara y más allá de declaraciones a medios de comunicación, los ciudadanos están bastante solos.

 

     @Micmoya