El regreso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa ocurre mientras permanecen abiertas las investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados en su contra por autoridades de Estados Unidos. El mandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que forman parte de una ofensiva política, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sus propias indagatorias.

La situación plantea distintos escenarios jurídicos en caso de que las investigaciones mexicanas o estadounidenses obtengan elementos que acrediten la participación del gobernador en algún delito. Sin embargo, actualmente no existe una sentencia ni una determinación judicial que establezca su responsabilidad penal.