El desahucio de Maricarmen, una anciana anónima hasta que esta semana toda España pasó a conocerla por su nombre de pila, puede permitir que Pedro Sánchez valide de nuevo la mayoría de la investidura aunque sea de forma temporal en un asunto tan sensible como la vivienda en el tramo final de la legislatura. El presidente ha tomado nota de la indignación ciudadana con el desalojo, que ha cristalizado con manifestaciones por toda España y una nueva acampada en la Puerta del Sol 15 años después del 15-M, y ha llegado a la conclusión de que le puede servir como baza de presión política para reconectar con la calle tras la respuesta tardía a la crisis de Ceuta y el serial de escándalos de corrupción de dirigentes del PSOE y lograr lo imposible: el respaldo del Congreso al real decreto ley que el Gobierno pensaba aprobar antes de verano y se vio forzado a suspender sine die por los vetos cruzados de los socios.
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