La reactivación de las investigaciones sobre el fraude a Seguridad Alimentaria Mexicana profundizará en la compra de bonos de deuda que comprometieron más de 800 millones de pesos de su erario, pero no alcanzará al exdirector general Ignacio Ovalle, un viejo político priista de los tiempos de Luis Echeverría.

El argumento del expresidente de que a Ovalle lo engañaron unos integrantes del viejo régimen en los que confió, levantó una muralla que lo defiende contra toda investigación, y la reapertura del caso se ha enfocado en los representantes de la Financiera CORAFI, rebautizada como CORAFI Asesores Ejecutivos, presuntamente responsables de la colocación de los bonos.

El esquema de saqueo a Segalmex configuró una operación de responsabilidad fragmentada, la cual se atomiza y se difumina cuando se va a alcanzar el máximo rango, en este caso al director general.

Hasta el momento, el director de Finanzas de Segalmex, René Gavira; el director comercial de la dependencia, Manuel Lozano, y el subdirector de Liconsa, Hugo Buentello, han sido detenidos e imputados por los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

El titular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, no ha sido llamado ni siquiera a declarar por el citado caso; esto a pesar de que, de acuerdo con los oficios fechados el 24 de marzo del 2022, tenía conocimiento de las operaciones presuntamente irregulares.

Los recursos para invertir en instrumentos, entre otros, en Corafi y Grupo Escorfin salieron de las arcas de Liconsa y fueron autorizadas entonces por el Comité Central de Inversiones y Operaciones Bancarias, al cual pertenecía René Gavira, entre otros, que daban parte a Ignacio Ovalle. Además, el riesgo de llevar a cabo las operaciones fue alertado tanto de manera interna como por auditores externos al menos desde el año 2020.

En la revisión que hizo el auditor externo Salles Sainz Grant Thornton sobre los estados financieros de la empresa en 2020, de la cual este columnista posee una copia, se detectó que:

“... el rubro de Efectivo y Equivalentes al 31 de diciembre de 2020 que asciende a mil 256 millones, seiscientos ochenta y seis mil quinientos veinticinco pesos, incluye ochocientos setenta y cinco millones, setecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dos pesos que corresponden a recursos invertidos en valores privados que no cumplen con los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, debido a que la Entidad no tiene el control directo de dichas inversiones”.

Ahora, la Fiscalía General de la República irá tras los empresarios que participaron en la colocación de los bonos, el chiapaneco René Dávila de la Vega y su hijo, de nombre también René Dávila. La mencionada empresa fue la fideicomitente de la operación en que Segalmex transfirió los recursos al fideicomiso identificado como CIC/3050… Pero todo parece indicar que Ovalle, el viejo político que dio su primer trabajo al expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sector público, la librará de nuevo.

 

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Noroña contra Higinio

Dicen que el desdén de Gerardo Fernández Noroña hacia Higinio Martínez Miranda no es nuevo, que solo hay que revisar la forma en que se refería a él cuando se fundó el PRD.

 

    @chimalhuacano