Aunque pareciera que ya pasó el vendaval que significó el episodio de los vuelos de la gobernadora de Quintana Roo, la verdad es que el tema puede seguir.

Si bien la mandataria local reconoció que sí utilizó aeronaves privadas para sus traslados, aunque haya negado que estos se hayan pagado con recursos públicos, hay aún más preguntas que respuestas.

Estas dudas cobran relevancia porque al menos 43 vuelos al extranjero se realizaron en dos aeronaves administrados por la firma PABE-TAX, vinculada corporativamente con el entorno de la empresa Seguritech, proveedor estrella de servicios de seguridad del gobierno quintanarroense.

Café con piquete

Agárrese de donde pueda, porque lo de menos es el obvio conflicto de interés que apesta a corrupción: la suspicacia en los pasillos políticos se ubica en los antecedentes de Seguritech, que ha estado bajo el escrutinio de investigaciones periodísticas en torno a sus millonarios contratos con gobiernos estatales, no sólo el de Quintana Roo.

Y si no, recordemos el caso de la llamada “Casa Azul” ubicada en el lujoso barrio Woodlands, en Houston, habitada por el exgobernador Diego Sinhué y propiedad de una sociedad ligada a Daniel Esquenazi, personaje relacionado económicamente con la mismísima Seguritech.

Procuraduría Fiscal investiga a Xepelin

La Procuraduría Fiscal de la Federación, encabezada por Griselda Galeano García, investiga a Operadora Falcón, S.A.P.I. de C.V., también conocida como Xepelin, por posible captación irregular de recursos, a partir de una denuncia presentada en agosto de 2026 ante las autoridades. En ella se señala que presuntamente la entendida no estaría autorizada para realizar este tipo de operaciones; o sea, que recibe los recursos de usuarios a través de su producto Xepelin Suite.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el órgano dependiente de la SHCP dicho producto ofrece una “bonificación” de 4% sobre los montos ingresados al sistema por los usuarios. El señalamiento sostiene que este esquema podría constituir una forma de captación de recursos y que las operaciones pasarían inicialmente por el intermediario STP para, posteriormente, ser recibidas por Xepelin.

Será la investigación de la Procuraduría Fiscal la que determine si las operaciones denunciadas se encuentran dentro del marco regulatorio aplicable o si podrían constituir alguna infracción. Ahora bien, en caso de que las autoridades concluyeran que existió una conducta contraria a la legislación financiera, vamos algo ilícito, correspondería determinar las posibles responsabilidades y consecuencias legales.

No está por demás, dejar asentado, que la investigación ocurre mientras la CNBV, evalúa la posibilidad de otorgar a Xepelin una autorización para operar como Sofipo. De hecho, en agosto, el CEO de la compañía, Sebastián Kreis, aseguró en una entrevista que dicho trámite se encontraba en “la última fase regulatoria”.

Este caso nuevamente prende las alarmas sobre la actuación de la CNBV en tiempos cuatroteros.

Sí, lo que acaba de leer, abre nuevamente el debate sobre la supervisión que ejerce la CNBV sobre las empresas y plataformas del sector financiero. Casos y controversias recientes dentro del ecosistema fintech han incrementado los cuestionamientos sobre los mecanismos de vigilancia, autorización y cumplimiento regulatorio.

Por lo que, la pregunta que salta es, si los actuales mecanismos de supervisión son suficientes para detectar oportunamente posibles incumplimientos y qué implicaciones tendría que una empresa que se encuentra en proceso de obtener una autorización financiera enfrente, al mismo tiempo, señalamientos de esta naturaleza?