La Guardia Civil ha desmantelado, dentro de la operación Ringsa, una red dedicada a conseguir de forma fraudulenta dispositivos electrónicos mediante la usurpación de identidades y la contratación de servicios de telecomunicaciones sin el conocimiento ni el permiso de sus titulares.

El operativo concluye con seis detenidos y otras ocho personas investigadas por su presunta implicación en delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación. Los agentes han certificado la obtención ilícita de 438 aparatos electrónicos valorados en 203.133 euros.

El grueso del material intervenido corresponde a teléfonos móviles. No obstante, también se incluyen ordenadores, televisores, tabletas, planchas para el pelo y otros productos electrónicos.

Las pesquisas arrancaron en Santa Marta de Tormes (Salamanca) tras varias denuncias de particulares que aseguraban recibir reclamaciones de una operadora por facturas o avisos de altas de servicios y dispositivos que no habían solicitado.

El análisis de los indicios permitió destapar una estructura con reparto interno de funciones, diseñada para ejecutar el fraude de manera coordinada.

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El modus operandi comenzaba con la obtención y uso de datos personales de terceros. Con esas identidades suplantadas se formalizaban, por vía telefónica, contratos de servicios de telecomunicaciones y se adquirían los dispositivos vinculados a dichas altas.

En total, los investigadores han identificado 394 identidades usurpadas empleadas para cerrar 335 instalaciones fraudulentas tramitadas por teléfono, además de 165 líneas de prepago dadas de alta. Las víctimas aparecen en casi todo el país, con mayor incidencia en Cantabria, Madrid, Valencia, Málaga, Murcia, Asturias, Córdoba, Zamora, Canarias y Salamanca.

Tras las contrataciones, se emitían órdenes de instalación de fibra óptica que constaban como ejecutadas, aunque nunca llegaban a realizarse realmente.

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Para ello, uno de los investigados, que ejercía como instalador, habría rellenado boletines de instalación sin efectuar los trabajos, siguiendo instrucciones de otros miembros del grupo.

Las gestiones practicadas permitieron identificar a quienes presuntamente dirigían o coordinaban parte de las operaciones, así como ubicar dos viviendas en Salamanca vinculadas con los hechos.

En los registros, los agentes hallaron numerosas tarjetas SIM de prepago, dispositivos nuevos aún precintados y documentación con datos personales, documentos de identidad, direcciones y números de cuentas bancarias.

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De forma paralela, la investigación se dirigió a varios puntos de venta de tarjetas telefónicas, al comprobar que muchas de las SIM usadas en las contrataciones fraudulentas procedían de dos locutorios de Salamanca.

Sus responsables habrían facilitado la obtención de tarjetas SIM sin las verificaciones de identidad exigidas por ley, lo que permitió a la red disponer de las líneas necesarias para sostener la actividad.

Los agentes también pusieron el foco en personas relacionadas con la recepción y el reparto de los dispositivos obtenidos ilegalmente. Para ello analizaron datos de distintas empresas de mensajería, detectando posibles irregularidades en las entregas.

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Entre las anomalías figuraban envíos a direcciones en las que no residían los destinatarios reales y albaranes con firmas repetidas de forma recurrente. Estos indicios llevaron a identificar a varios repartidores y eventuales receptores de los equipos, cuya implicación continúa bajo investigación.

La operación se ha cerrado con seis detenciones y ocho personas investigadas por presuntos delitos de organización criminal, usurpación de estado civil, estafa y receptación.