Pedro Sánchez abandera la estrategia de Moncloa para cercenar la credibilidad de la justicia ante la avalancha de causas judiciales que perjudican los intereses del Ejecutivo. La última decisión del Tribunal Supremo, adoptando una medida cautelar contra la llamada 'ley de nietos', ha despertado nuevas críticas del presidente contra el poder judicial: "¿De verdad puede suspenderse un derecho esencial como es el derecho al voto a 400.000 españoles?".

Una postura que ha sido replicada por otros miembros del Consejo de Ministros como Óscar López, que ha calificado de "atropello democrático" la decisión cautelar del Alto Tribunal y habla de "lobos solitarios" para referirse a los jueces cuyas decisiones contrarían al Ejecutivo (el mismo término utilizado para designar una clase de terroristas).

La decisión del Supremo afecta a una interpretación del propio Gobierno (emitida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que lideraba Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes) sobre la ley, que abría el abanico de las nacionalidades a los descendientes de quienes hayan abandonado España entre 1936 y 1955, tuvieran o no la condición de exiliados del franquismo. El Tribunal Supremo justifica su decisión en que se trata de "un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral".

Las aseveraciones del Gobierno sobre el supuesto apocalipsis democrático que entraña esta decisión contrastan con el funcionamiento de otros países del entorno europeo que, además, gozan de una calificación democrática superior a la nuestra en índices internacionales. Es el caso de Dinamarca e Irlanda, donde no pueden votar quienes residen fuera del país.

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En Dinamarca, donde gobiernan los socios socialdemócratas de Sánchez liderados por Mette Frederiksen, se requiere una residencia permanente en el país o, al menos, la intención declarada de regresar en un plazo máximo de dos años. Existen algunas excepciones para funcionarios, empleados de empresas danesas en el exterior o estudiantes. Sin embargo, lo habitual es que los residentes permanentes en terceros países suelan perder el derecho a voto.

Un sistema similar al de Irlanda, donde se exige residencia habitual en el país para poder votar. Los ciudadanos irlandeses que residen de forma permanente en el extranjero no pueden votar en las elecciones generales, salvo excepciones muy restringidas (personal diplomático, fuerzas armadas en misión...). Los estudiantes de determinadas universidades nacionales podrán votar a determinados puestos en el Senado.

Malta y Chipre

Otros ejemplos son Malta y Chipre, donde se exige haber residido un período mínimo en el país y no se permite votar a quienes residen de forma continua en el extranjero. Alemania es un país que también limita el voto desde el extranjero. Los alemanes que no residan en el país podrán votar siempre y cuando hayan residido al menos tres meses consecutivos a partir de los 14 años de edad y en los últimos 25 años.

En España, en cambio, tienen derecho a votar todos los ciudadanos que hayan adquirido la nacionalidad española, aunque no residan en el país. Las únicas elecciones en las que se impide el voto para aquellos que viven en el extranjero son las municipales.

Esta circunstancia no convierte a nuestro país en una democracia mejor que Irlanda o Dinamarca. De hecho, España obtiene peor puntuación que Irlanda y Dinamarca en el Índice de Democracia que elabora la Unidad de Inteligencia de The Economist y que es uno de los indicadores académicos más utilizados para medir el nivel de democratización de un país.

De hecho, Irlanda y Dinamarca se encuentran entre los diez países con mejor calidad democrática según este medidor. Dinamarca ocupa la tercera posición e Irlanda la séptima. España se encuentra fuera de este ranking de las diez mejores democracias del mundo. En 2024, obtuvo una nota de 8,13, frente al 9,19 de Irlanda y el 9,28 de Dinamarca. El índice de The Economist evalúa hasta qué punto los ciudadanos pueden elegir a sus líderes políticos en elecciones libres y justas y disfrutar de libertades civiles.

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Pedro Sánchez también ha llevado a España al peor resultado de su historia en el índice de corrupción política de V-Dem (Varieties of Democracy) elaborado por la Universidad de Gotemburgo (Suecia), una de las más prestigiosas del mundo en este ámbito. España consiguió una calificación de 0,1 (siendo 0 la mejor nota posible y 1 la peor), mientras que Irlanda y Dinamarca son puntuadas con 0,03 y 0,01.

A pesar de las circunstancias, el Ejecutivo planea utilizar la decisión cautelar del Supremo como munición contra los jueces lo que queda de legislatura. Unos meses en que la actualidad judicial volverá a ocupar las portadas y a dirigir el ojo de la opinión pública a los casos que cercan al Gobierno: el caso cloacas de la fontanera Leire Díez, las investigaciones sobre la financiación del PSOE, el caso Zapatero o los presuntos amaños de obra pública del ex número dos de Sánchez, Santos Cerdán.