Se ha ido asentando en la percepción de una parte de la sociedad, la más expuesta a ciertos medios de comunicación y redes sociales, la imagen de que tenemos un “narcogobierno” en México.

No es que tengamos cárteles de narcotraficantes como los tienen en Marsella, Nápoles o en Estados Unidos, donde tienen que mantener tranquilos a 40 millones de adictos.

Lo que se busca es de generar la imagen de que en México, el gobierno no puede acotar las actividades de los narcotraficantes porque está rebasado.

Y por si eso no bastara para los fines que se persiguen, se empieza a repetir machaconamente que el lopezobradorisno y la continuidad de la 4T llegaron al poder con apoyo de algún cartel, el de Sinaloa, por ejemplo.

Donald Trump respondía hace algunos meses a las negativas de la presidenta Sheinbaum a solicitar o al menos, autorizar la intervención militar estadounidense con el pretexto de abatir a los narcos, diciendo que ella no entendía la situación y que el miedo paralizaba a su gobierno.

Ante la persistente defensa de la soberanía territorial por parte de la presidenta, el discurso de Trump, de algunos legisladores republicanos, del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y del director de la DEA, Terry Cole, escaló al señalamiento de que autoridades políticas están en connivencia con los carteles y tienen un alto control de ellos.

Es verdad que el crimen organizado y los cárteles de narcotraficantes se han fortalecido durante los últimos años, y que ahora se conocen situaciones y personajes que han operado durante décadas, desde el gobierno de Carlos Salinas, según la periodista Anabel Hernandez.

También es incuestionable que la inseguridad pública, las muertes dolosas, las extorsiones y los cientos de miles de desaparecidos son condiciones intolerables, pero es muy importante tener claro que ningún poder externo puede venir a confrontar y resolver esos graves problemas.

Son nuestros, tienen causas socio económicas, políticas en el desgaste de nuestras instituciones, en su corrupción y causas sociales en la pérdida de identidad entre ciudadanos, en la marginación y pobreza de la mayoría, en las desigualdades que nutren el temor y la desconfianza entre las clases sociales.

La estrategia del gobierno federal para confrontar la fuerza que han adquirido las organizaciones criminales, va dando resultados; les ha propinado golpes de alto impacto conforme ha reunido información de inteligencia y el gabinete de seguridad ha mejorado la coordinación de la secretaría de Seguridad ciudadana con el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

De cualquier manera, el gobierno de Estados Unidos seguirá presionando porque su finalidad es intervenir en México, armado con el argumento de que el narcotráfico desde nuestro país atenta contra su seguridad nacional y respaldado, no por un orden legal internacional, sino por su propia legislación que recién tipificó como terroristas a las organizaciones latinoamericanas que entregan la droga a los carteles estadounidenses.

La intervención estadounidense sería militar si el gobierno de la presidenta Sheinbaum lo autorizara, como lo han hecho el de Colombia, Honduras y Ecuador; la militarización en territorios de América Latina es parte de la campaña de Trump para afirmar el dominio estadounidense sobre el hemisferio occidental y concentrarse en la confrontación con China para defender su hegemonía.

No creo que la presidenta otorgará tal autorización, pero Trump podría valerse del alegato de que nuestro gobierno no puede o no quiere acabar con una amenaza a su seguridad nacional.

Tampoco creo, sin embargo, que el gobierno estadounidense se arriesgaría a enviar tropas o drones a nuestro territorio para secuestrar algún personaje o atacar letalmente algún bastión de narcos.

Las consecuencias diplomáticas serían gravísimas -también las económicas- y muy grande el riesgo de desestabilización social en México, único aspecto de nuestra vida nacional que siempre le ha preocupado a Estados Unidos.

Descartando -no del todo- la intervención militar porque queda pendiente como espada de Damocles sobre nuestro gobierno, Trump tiene otros recursos para intervenir con sus exigencias abusivas a nuestro país.

Por lo pronto, el de mantener la incertidumbre del T-MEC mediante el mecanismo de revisiones anuales, incertidumbre que se trasmina a cualquier plan de inversiones industriales --extranjeras y nacionales-- en México.

No sólo hay incertidumbre acerca de las reglas, que pueden cambiar de un año a otro, sino acerca de la permanencia misma del tratado, del que cualquiera de los tres países puede retirarse cuando se le de la gana, antes de 2036.

Trump lo ha dicho siempre, y lo advertimos en este espacio desde hace un más de año; en vez del T-MEC, prefiere un tratado bilateral con México y otro con Canadá, y hará todo por conseguirlo antes de que termine su presidencia, en perjuicio de nuestra economía.

Tampoco la solución al bajo crecimiento de las inversiones industriales y del empleo en México --dos factores cruciales en el bienestar social-- vendrá del exterior, como no ocurrió durante las tres décadas de vigencia de tratados de libre comercio con EU y otros 54 países.

La política económica tiene que encontrar la manera de aprovechar el potencial productivo nacional con inversiones privadas y públicas crecientes, que respondan a un mercado interno fortalecido.