Donald Trump escogió a Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal porque creyó que tendría un aliado dispuesto a bajar las tasas. Puede haber conseguido exactamente lo contrario: un banquero central obligado a demostrar su independencia frente al presidente que lo llevó al cargo.
Esa es la historia de fondo del ultimátum lanzado el viernes por Trump, la presión más directa sobre la Fed desde que Warsh asumió la presidencia.
Recordemos la secuencia. En enero, el Departamento de Justicia abrió una investigación criminal contra Jerome Powell, un pretexto —así lo calificó el propio Powell— para presionar sobre las tasas. Dos semanas después Trump nominó a Warsh, exgobernador de la Fed y tradicionalmente considerado un “halcón”, pero que entonces se mostraba partidario de tasas más bajas. Trump dijo incluso que no lo habría elegido si creyera que las subiría.
Pero la economía cambió. La guerra con Irán elevó los precios de la energía y Warsh recibió una tasa de 3.50 a 3.75 por ciento con una inflación que llevaba años por encima de la meta.
Desde entonces, las señales han ido en una sola dirección. En julio, tres integrantes del Comité de Mercado Abierto votaron por subir la tasa, el primer triple disenso desde 2016. Las minutas mostraron que muchos participantes consideraban necesario endurecer la política monetaria si la inflación no cedía.
Y el 28 de agosto, en Jackson Hole, Warsh dijo lo que Trump no quería escuchar. El índice de precios del gasto de consumo (PCE) crece 3.7 por ciento anual y, medido sobre los últimos seis meses, avanza a un ritmo anualizado de 4.1 por ciento. Difícilmente, señaló, pueden calificarse de restrictivas las condiciones financieras actuales.
Su mensaje fue inequívoco: si la inflación no converge hacia la meta con suficiente claridad y velocidad, la Fed tendrá “trabajo por hacer”, es decir, subir las tasas.
El mercado entendió. La probabilidad de un alza en septiembre pasó de alrededor de 35 por ciento a cerca de 70 por ciento después de Jackson Hole, aunque luego volvió a bajar.
Hasta allí había diferencias. El viernes comenzó la confrontación.
Después de conocerse la creación de 162 mil empleos en agosto, frente a una expectativa cercana a 53 mil, Trump exigió nuevamente tasas más bajas. Y fue más lejos: amenazó con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene déficit si la Fed no recorta el costo del dinero. Pidió a sus integrantes ser “patriotas por una vez”.
El mercado hizo la lectura contraria: el rendimiento del bono a dos años volvió a subir y la probabilidad de un alza en septiembre se elevó a alrededor de 60 por ciento.
Trump confunde dos cosas. Que Estados Unidos sea un buen deudor no significa que deba tener las tasas más bajas. La tasa de la Fed no es un premio a la solvencia del país. Es el instrumento para impedir que la economía genere demasiada inflación.
Y con una inflación todavía muy por encima de la meta y un mercado laboral resistente, el argumento monetario apunta hacia tasas más altas, no más bajas.
Pero hay otra contradicción. Cumplir la amenaza comercial significaría dispararse dos veces en el pie.
Los países que acumulan dólares por sus superávits comerciales invierten parte de ellos en bonos del Tesoro. Esa demanda ayuda a financiar a Washington. Reducir abruptamente el comercio podría mermar una fuente de demanda de esos títulos.
Además, impedir importaciones de una parte importante del mundo produciría un choque de oferta. Sustituir proveedores sería costoso y, en algunos casos, imposible en el corto plazo. Los precios subirían y la Fed tendría que combatir esa inflación precisamente con tasas más altas.
El mundo al revés.
Hay otra dificultad. La Fed controla directamente la tasa de corto plazo, pero no las tasas largas. El rendimiento del bono del Tesoro a diez años llegó esta semana a alrededor de 4.8 por ciento, uno de sus mayores niveles de los últimos años, empujado por la inflación, las tensiones en Medio Oriente y las preocupaciones fiscales.
El déficit federal de 2026 se perfila en 2.1 billones de dólares, alrededor de 6 por ciento del PIB, mientras la deuda pública total ya superó los 40 billones. Todo ello presiona el costo de financiamiento de Washington.
Un recorte bajo presión política podría, paradójicamente, elevar las tasas largas si los mercados concluyen que la Fed está tolerando más inflación. Las hipotecas podrían encarecerse en lugar de abaratarse.
Y México aparece inevitablemente en esta historia.
En julio, el mayor déficit comercial de bienes de Estados Unidos fue precisamente con México: 27.5 mil millones de dólares, un récord mensual. Si Trump cumpliera literalmente su amenaza de dejar de comerciar con los países deficitarios, nosotros estaríamos en primera fila.
Pero el riesgo inmediato es probablemente financiero, no comercial.
Una Fed más dura, con Banxico detenido en 6.50 por ciento, estrecharía el diferencial de tasas que ha favorecido al peso. El efecto sobre los flujos financieros y el tipo de cambio podría aparecer mucho antes que cualquier amenaza comercial.
Todo depende ahora de la inflación de agosto que se conocerá el 11 de septiembre. Si continúa enfriándose, la Fed puede mantener la tasa. Si sorprende al alza, aumentará la posibilidad de un ajuste.
Incluso una pausa podría venir acompañada de señales de aumentos posteriores. Ninguno de esos escenarios entrega a Trump el recorte que está exigiendo.
Ahí está la paradoja final.
Mientras más presiona Trump a Warsh, más costoso se vuelve para éste parecer complaciente. Cada llamada, cada exigencia pública y cada amenaza obliga al presidente de la Fed a demostrar que sus decisiones responden a los datos y no a la Casa Blanca.
La independencia de un banco central existe, entre otras razones, para proteger a los políticos de su propio instinto de calentar la economía.
Trump escogió a Warsh porque creyó que era un aliado. Puede descubrir el 16 de septiembre que escogió, sin querer, a un banquero central de verdad.