Hubo un tiempo en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) era un salvavidas para el independentismo. Todas las denuncias contra España, por erráticas que fuesen, aterrizaban en este tribunal. Pero ese mismo independentismo ha pasado del amor al odio en un instante: una sentencia obliga a la Administración catalana a dar a los alumnos una asignatura troncal en castellano, que es idioma oficial. Se ha roto el idilio y ahora el TEDH es poco menos que un nuevo instrumento de opresión de España contra Cataluña.

La sentencia europea subrayaba también que prohibir el castellano como lengua vehicular obstaculiza la reintegración de los niños al sistema educativo estatal si regresaban a otra comunidad de España con el castellano como único idioma oficial. Estos derechos fundamentales son negados por el independentismo a los alumnos, puesto que consideran que impartir alguna asignatura en español vulnera los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El primero reconoce el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el segundo prohíbe la discriminación por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social o pertenencia a una minoría nacional.

Asimismo, en Europa, los independentistas alegaban que si no les daban el 100% de la educación en catalán, sufrían discriminación, ya que se modificaba un sistema de enseñanza monolingüe que consideran necesario para preservar la diversidad lingüística. Estos argumentos son rechazados por el TEDH, que considera que quien vulnera los derechos de los niños son los independentistas.

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Para la Plataforma per la Llengua, la sentencia del tribunal europeo “no modifica el proyecto lingüístico del centro, pero otorga a la alumna el derecho a hacer, además de la asignatura de castellano, otra área, materia o asignatura curricular no lingüística en castellano”. Y eso es contrario a los posicionamientos políticos del radicalismo. En otras palabras, el soberanismo niega a la alumna el derecho a estudiar una asignatura en castellano, idioma oficial de la comunidad.

Los colegios vulneran derechos

Los tribunales europeos consideran que los colegios catalanes vulneran los derechos fundamentales de sus alumnos al pretender dar toda la educación en catalán y determinan que proteger una lengua cooficial como el catalán no justifica excluir la otra lengua oficial (el castellano) o dejarla como residual. La sentencia del TEDH fue, así, un contundente varapalo a las actuaciones del independentismo y del propio Govern, que ha realizado maniobras para no aplicar las distintas sentencias sobre la lengua que han ido dictando los tribunales de justicia.

Pero el nuevo enfado soberanista subió de tono contra el tribunal europeo tras otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del pasado 24 de julio sobre un pleito de la familia de una niña de Sant Cebrià de Vallalta, en Barcelona, que pedía que su hija recibiese el 25% de la formación en castellano. Este es otro de los pleitos que el nacionalismo ha perdido, pese a que las instituciones catalanas se niegan a aplicar las sentencias.

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En la sentencia, el TSJC reconoce el derecho a recibir la escolarización en castellano en una asignatura más, doctrina que sigue la estela de otras sentencias que obligan a la Administración catalana a dar un 25% de la enseñanza en castellano y el 75% restante, en catalán. “El tribunal interpreta que el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano continúa vigente pese a la normativa catalana del 2022 y concluye que se ha de materializar con alguna materia más de castellano, que concreta que ha de ser troncal o análoga. Pese a rechazar la anulación del proyecto lingüístico del control, la resolución refuerza la doctrina que permite intervenciones judiciales individualizadas para aumentar la presencia del castellano, unas intervenciones que implican la imposición del castellano al grupo clase de la alumna mientras se escolarice en este centro”, denuncia la Plataforma per la Llengua, organización conocida como la ‘ONG del catalán’.

Lo malo es que, para llegar a su conclusión, el TSJC echa mano de la sentencia del Supremo del mismo mes de julio en la que obliga a rotular las escuelas en los dos idiomas oficiales de Cataluña y de la sentencia del TEDH del 28 de mayo pasado. La entidad independentista acusa ahora que la sentencia del TSJC “no solo es un ataque más contra la escuela en catalán, sino que es la primera sentencia que evidencia que, a través de las sentencias del TEDH y el Supremo, los contrarios a la normalización del catalán tienen una nueva vía para imponer más castellano en los centros educativos”.

"Ya no falta doctrina europea"

Para la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la importancia de la nueva sentencia del TSJC “no radica en reconocer un derecho nuevo, sino en evidenciar una situación ya insostenible: pese a la claridad y reiteración de la jurisprudencia, la Administración catalana sigue excluyendo el castellano como lengua vehicular y obliga a las familias a acudir a los tribunales para obtener el reconocimiento de unos derechos plenamente consolidados”.

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La AEB, no obstante, critica la vaguedad de la última sentencia del TSJC porque “vuelve a no imponer las costas a la Administración por considerar que existían ‘serias dudas de derecho’, una afirmación difícilmente conciliable con la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del propio tribunal catalán. Esta decisión traslada a las familias el coste económico de la resistencia administrativa y reduce los incentivos para modificar esta conducta”.

Además, “reconoce reiteradamente el derecho de los que recurren, pero rechaza adoptar medidas de alcance general”. Y critica que “la vulneración de los derechos lingüísticos en la escuela catalana no puede seguir resolviéndose exclusivamente mediante litigios individuales. Es necesario que las instituciones del Estado, las fuerzas políticas y la sociedad civil impulsen medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de la jurisprudencia, eviten la repetición de negativas administrativas contrarias al Derecho y refuercen los mecanismos de supervisión e inspección educativa”.

La plataforma constitucionalista asegura que defender estos derechos “no supone cuestionar el papel del catalán ni sustituir un monolingüismo por otro. Lo que se exige es poner fin a la exclusión del castellano como lengua oficial y garantizar un modelo verdaderamente bilingüe conforme a la Constitución”. Y concluye que “la reciente decisión del TEDH constituye una nueva advertencia. Ya no faltan sentencias, doctrina constitucional ni pronunciamientos europeos. Lo que falta es voluntad política para aplicar el Derecho y que los derechos lingüísticos no dependan de la capacidad de cada familia para acudir a los tribunales”.